Tegucigalpa, Honduras. – Un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) destapó esta semana una presunta trama de corrupción conocida como “Chequevideo”, que involucra el desvío de al menos 58 cheques por un monto total de 5.1 millones de lempiras provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Los fondos, que debían destinarse a emprendimientos y reparaciones de viviendas, habrían sido utilizados para financiar actividades del partido oficialista Libre durante sus elecciones primarias de marzo pasado.
De acuerdo con el Informe Especial Penal No. 001-2025-DDISP-SEDESOL_A, elaborado por el TSC, 39 de los cheques se emitieron para supuestos proyectos de emprendimiento y 19 para reparaciones de viviendas.
Sin embargo, los beneficiarios aseguraron al ente contralor que nunca recibieron la ayuda, a pesar de haber firmado cheques y documentación. El dinero, según el informe, fue entregado a intermediarios vinculados a la diputada Isis Carolina Cuéllar.
El documento detalla una serie de solicitudes falsificadas o incompletas para tramitar las ayudas, beneficiarios que desconocían los trámites realizados a su nombre y expedientes con información que no coincide con los testimonios.
Incluso, se hallaron facturas y cotizaciones incongruentes y materiales almacenados en mal estado —como bolsas de cemento y láminas de zinc— que nunca se usaron para los fines solicitados.
El TSC también subrayó que personas con ingresos estables y propiedades recibieron fondos destinados a la población vulnerable, mientras que los insumos adquiridos fueron redirigidos a colectivos partidarios, lo que refuerza la hipótesis de un uso político de los recursos públicos.
El caso toma su nombre de una grabación filtrada donde se escucha a la diputada Isis Cuéllar y al entonces ministro de SEDESOL, José Cardona, hablar abiertamente de la entrega de dineros y de cómo los mismos serían desviados para la campaña electoral de Libre.
La conversación, difundida en redes sociales, se convirtió en un símbolo de la politización de programas sociales y detonó la investigación del TSC.
El informe del TSC es contundente al señalar indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil en el uso indebido de fondos públicos y concluye que la entrega y liquidación de las ayudas careció de transparencia y control.
El ente contralor recomendó remitir el expediente al Ministerio Público para que inicie las acciones legales correspondientes dada la gravedad de las irregularidades detectadas.
Más allá del impacto económico, “Chequevideo” representa un golpe a la credibilidad de los programas sociales y alimenta el debate sobre la instrumentalización política de recursos públicos en Honduras.
Analistas señalan que este caso evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control y plantea un desafío urgente para fortalecer la transparencia en la asignación de fondos estatales, especialmente en periodos electorales.
