Tegucigalpa, Honduras | El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció este viernes lo que calificó como un “autogolpe de Estado” por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, luego de que el Poder Ejecutivo sancionara y ordenara la publicación de un decreto legislativo que dispone un nuevo escrutinio electoral y desconoce la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Nuevamente se configura un delito de traición a la patria, impulsado desde el Congreso Nacional por Luis Redondo, con la responsabilidad directa de la presidenta Xiomara Castro, al sancionar y mandar a publicar un acto ilegal, sin atribuciones constitucionales”, afirmó Zambrano en declaraciones públicas.
El pronunciamiento se produce menos de 24 horas después de que un grupo de diputados oficialistas aprobara el decreto durante una sesión sin quórum, la cual fue encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y que fue posteriormente sancionada por el Ejecutivo y publicada la noche del viernes (09.01.26) en el Diario Oficial La Gaceta.
Zambrano sostuvo que pretender manipular el proceso electoral, trasladar material electoral al Congreso Nacional y alterar la voluntad popular constituye un abuso de poder y un uso indebido del aparato del Estado por parte del partido Libertad y Refundación (Libre). “A menos de 17 días, buscan consumar un atentado contra la democracia”, agregó.
El decreto aprobado por los diputados oficialistas no solo se abroga la facultad de emitir la declaratoria final de las elecciones, atribución reservada constitucionalmente al CNE, sino que además solicita al Ministerio Público iniciar acciones penales contra las consejeras del órgano electoral, pese a que este ya declaró como presidente electo a Nasry Asfura, del Partido Nacional, y oficializó los resultados legislativos y municipales.
“Ninguna institución puede acatar órdenes ilegales”, enfatizó Zambrano, quien hizo un llamado directo a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público para que actúen “conforme a la Constitución de la República” y no se presten a ejecutar decisiones que, a su juicio, violentan el orden democrático.
La denuncia del jefe de bancada nacionalista se suma a una creciente ola de cuestionamientos de sectores políticos, jurídicos y sociales que advierten sobre una grave ruptura institucional, en un contexto marcado por la inminente instalación del nuevo Congreso Nacional y la transición presidencial prevista para finales de enero.
