Tegucigalpa. El presidente de la comisión especial del juicio político en el Congreso Nacional de Honduras, el diputado Mario Pérez, anunció que, una vez concluido el receso de Semana Santa, el Legislativo impulsará nuevos procesos de juicio político contra altos funcionarios del Estado, en un escenario que podría extenderse a figuras del sistema electoral y del Poder Judicial.
El legislador señaló que las acciones surgen tras el proceso contra el fiscal general suspendido Johel Zelaya y advirtió que los próximos casos estarán relacionados con presuntas irregularidades que habrían afectado el desarrollo de las elecciones generales de 2025.
“Vienen juicios políticos para organismos electorales y otros funcionarios que trataron de obstaculizar el proceso electoral”, afirmó Pérez, al tiempo que adelantó que estos procesos se desarrollarán de manera progresiva debido a su complejidad.
Entre los posibles señalados, el congresista no descartó que los procesos puedan alcanzar incluso a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Raquel Obando, aunque aclaró que cualquier acción deberá seguir el debido procedimiento legal.
Asimismo, Pérez dirigió señalamientos contra el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, a quien responsabilizó por el uso de audios que, según indicó, habrían sido obtenidos sin respaldo legal.
“Va a tener que responder hoy, mañana o cualquier día ante la ley por haber hecho uso de esos audios”, expresó el parlamentario, al referirse a un tema que ha generado controversia en el marco del proceso político y judicial reciente.
El diputado explicó que no es viable ejecutar múltiples juicios políticos de forma simultánea, por lo que estos serán programados en etapas durante las próximas semanas, una vez finalice el periodo de Semana Santa.
El anuncio marca una nueva fase de tensiones entre los poderes del Estado, en medio de cuestionamientos sobre el papel de las instituciones electorales y judiciales en el país. Analistas prevén que este escenario derive en un aumento de la confrontación política y en una serie de procesos que podrían redefinir el equilibrio institucional en Honduras.
Con el juicio político contra Zelaya como punto de partida, el Congreso abre ahora la puerta a una agenda de fiscalización más amplia que, de concretarse, colocará bajo escrutinio a actores clave del sistema democrático hondureño en las próximas semanas.
