TEGUCIGALPA, Honduras.— El Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles en primer debate una reforma al Código Penal que contempla la aplicación de cadena perpetua para el delito de extorsión, en una de las iniciativas más severas impulsadas en los últimos años para enfrentar la violencia y el control territorial ejercido por maras y pandillas en el país.
La propuesta legislativa surge en medio del creciente impacto del denominado “impuesto de guerra”, un mecanismo de cobro ilegal que afecta principalmente a transportistas, pequeños empresarios, comerciantes y trabajadores independientes en los 18 departamentos de Honduras.
Durante la sesión parlamentaria, diputados señalaron que las leyes actuales han sido insuficientes para frenar el avance de las estructuras criminales y coincidieron en que el endurecimiento de las penas busca desarticular las redes financieras que sostienen a estos grupos.
“Es una respuesta contundente ante un mal que provoca pérdidas millonarias y luto en las familias hondureñas”, expresaron congresistas durante el debate en el hemiciclo.
La iniciativa propone reformas a varios artículos del Código Penal, contenido en el Decreto 130-2017, así como modificaciones al Código Procesal Penal, incorporando sanciones más drásticas para casos considerados agravados.
Entre los escenarios contemplados en la reforma figuran delitos de extorsión cometidos utilizando menores de edad o adultos mayores, reincidencia criminal y situaciones que provoquen el cierre de negocios o empresas como consecuencia de amenazas o cobros ilegales.
Pese al avance legislativo, la reforma todavía no entra en vigencia. El proyecto deberá superar un segundo y tercer debate en el Congreso Nacional antes de ser remitido al Poder Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
En los últimos años, la extorsión se ha convertido en uno de los principales factores de cierre de pequeños negocios y abandono de rutas de transporte público, mientras organismos de seguridad sostienen operativos permanentes para desmantelar redes vinculadas a maras y pandillas.
