VALLE DEL AGUÁN, Honduras. – Hay un lugar en el norte de Honduras donde la tierra huele a aceite de palma y a sangre. Donde los hijos de campesinos aprenden antes a identificar una pickup sin placas que a reconocer los pájaros del río. Donde la palabra “recuperación” así llaman los campesinos a tomar lo que dicen que les fue robado puede costarle la vida a quien la pronuncia demasiado alto.
Ese lugar es el Bajo Aguán. Y lo que ocurre allí no es un conflicto. Es una guerra sin declarar.
El Bajo Aguán, ubicado en el departamento de Colón, en el norte de Honduras, es el epicentro del conflicto agrario que enfrenta a campesinos y campesinas con el Estado, los grandes terratenientes y las transnacionales. Para entender por qué, hay que ir medio siglo atrás.
Cuando a finales del siglo XIX los lugareños consumían naturalmente los bananos, jamás imaginarían que décadas después ese fruto sería la codicia del capital estadounidense. Fue así que en 1899 se fundó la United Fruit Company, que obtuvo su primera concesión e instaló sus primeras empresas en el Aguán. La historia del valle, desde entonces, ha sido la historia de quién controla su tierra.
Durante los años 70 se distribuyeron más de 400.000 hectáreas beneficiando a 60.000 familias campesinas, representando el 12,3% de la población rural. La reforma agraria fue más intensa en el norte del país. Decenas de familias migraron al valle y se incorporaron a cooperativas como Plantel y Paso Aguán. Cultivaron palma aceitera, maíz y frijoles. Por primera vez en generaciones, los campesinos tenían tierra con título. Tenían futuro.
Duró menos de veinte años.
En 1992, el presidente Rafael Leonardo Callejas firmó lo que los campesinos del Aguán llaman, sin rodeos, “la ley del despojo”. La Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola Decreto Legislativo 31-92 fue promovida por sectores privados y externos en el marco de las medidas de ajuste estructural, y permitió la venta y renta de tierras de las cooperativas de la reforma agraria a particulares y empresas privadas.
El Decreto 170 prohibía la venta o transferencia de la tierra recibida con fines sociales. Pero bajo la nueva Ley de Modernización Agrícola se habilitó la venta de esas tierras, con el propósito de acelerar la creación de latifundios en manos de grandes corporaciones y terratenientes. “Ese es el caso del Aguán”, diagnosticó el experto Gilberto Ríos de FIAN Honduras. “Se crea un círculo vicioso en el cual los campesinos demandan tierra, el Estado las compra y distribuye, y luego el campesino las vende nuevamente a terratenientes y a las corporaciones.”
Lo que siguió fue una transferencia masiva de riqueza disfrazada de modernización. En la década de 1990, los terratenientes se apropiaron, mediante fraudes y amenazas, de las tierras campesinas. Las cooperativas, sin asesoría legal, sin crédito, sin mercados garantizados, firmaron contratos que no comprendían del todo. Otros simplemente recibieron amenazas.
El valle, centímetro a centímetro, cambió de manos.
Pocas figuras encarnan mejor la transformación del Aguán que Miguel Facussé Barjum. Empresario, político informal, patriarca de una de las familias más poderosas de Honduras, Facussé convirtió el despojo en agroindustria.
Alrededor de una quinta parte de los terrenos en el Bajo Aguán estuvo controlada por la familia Facussé, dueña de la empresa Dinant, con 22 mil hectáreas de cultivos de palma africana destinados a la producción de aceite, margarina, comida chatarra y, sobre todo, agrocombustible.
El conflicto involucra una pugna de décadas por la posesión de tierras entre campesinos, el Estado y poderosos empresarios principalmente la Corporación Dinant de la familia Facussé, con 4.000 hectáreas reclamadas, y Reynaldo Canales, que ha resultado en múltiples asesinatos, desalojos y criminalización de líderes campesinos.
Facussé murió en 2015. Pero su empresa, su método y su impunidad sobrevivieron.
El 28 de junio de 2009, Honduras amaneció sin presidente constitucional. La sucesión constitucional contra Manuel Zelaya quien había iniciado acercamientos con las organizaciones campesinas fue el detonador que convirtió la disputa agraria en masacre abierta.
El 15 de noviembre de 2010, unos 200 guardias de seguridad, atacaron con armas de grueso calibre a miembros del Movimiento Campesino del Aguán, con un saldo de cinco muertos: Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Siriaco Muñoz, Raúl Castillo y José Luis Sauceda. No fue el único ataque. Fue uno entre docenas.
Aseguran que empresarios tenían contratados a cientos de sicarios y que contaban con el asesoramiento de paramilitares colombianos “para masacrar y desalojar” a las comunidades campesinas.
Según informes oficiales, aunque sin un dato exacto consolidado, en los primeros tres años del conflicto abierto hubo 92 muertos, más de 70 heridos y una decena de desaparecidos.
Los números son imprecisos porque nadie con poder real los quiso contar.
En la última década, según organizaciones hondureñas, cerca de 200 campesinos han sido asesinados en el Valle del Aguán. Solo en 2023 fueron asesinados nueve líderes, entre ellos Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, integrantes de la Empresa Campesina Gregorio Chávez.
Organizaciones sociales aseguran que alrededor de 2.470 campesinos han sido criminalizados por el Ministerio Público por considerarlos responsables de los delitos de usurpación y daños. La paradoja es brutal: los despojados, acusados de usurpar lo que les fue quitado.
En noviembre de 2022, organizaciones advirtieron sobre un plan dirigido por empresas agroindustriales para eliminar a los líderes campesinos del Aguán, resultando en la muerte de nueve dirigentes. Y señalaron que la fiscalía no ha investigado adecuadamente estos crímenes.
En abril de 2010, con el país todavía en convulsión post-golpe, el gobierno firmó un primer convenio con los campesinos. El acuerdo permitía a unas 3.000 familias del Bajo Aguán acceder a dos hectáreas de tierra cada una para destinarlas al cultivo de palma africana y granos básicos. Asimismo, se acordó la compra de tres mil hectáreas cultivadas con palma africana al empresario Facussé, a un costo aproximado de mil millones de lempiras. El Estado compraría al terrateniente la tierra que originalmente era de los campesinos para devolvérsela.
Los campesinos firmaron. Los asesinatos continuaron.
Doce años después, en febrero de 2022, la presidenta Xiomara Castro llegó al poder con una promesa diferente. En el marco de movilizaciones ciudadanas, su gobierno firmó un “Convenio para la solución del conflicto agrario relacionado a la recuperación de tierras en el Bajo Aguán”, que incluyó protección a 13 cooperativas campesinas contra desalojos e investigación de las irregularidades detrás del despojo.
Pero el papel, otra vez, no fue suficiente.
Tuvieron que registrarse varios asesinatos y heridos en los últimos meses de 2024 y en el primer mes de 2025, más una declaratoria de emergencia emitida por alrededor de 65 organizaciones defensoras de derechos humanos, para que el gobierno de Castro implementara acciones en la zona.
La falta de avances significativos en el cumplimiento de los acuerdos del 22 de febrero de 2022, así como con las promesas del 6 de junio de 2023, demuestran las tensiones inherentes entre el discurso progresista del gobierno de LIBRE y la persistencia de estructuras de poder que obstaculizan la transformación del modelo agrario hondureño.
En el 2025, organizaciones de derechos humanos reportaron once asesinatos y un caso de tortura. Veintiséis organizaciones de Europa y América Latina enviaron una carta a la presidenta Xiomara Castro exigiéndole pasar del discurso a la acción.
En el Valle del Aguán, más de 12.000 hectáreas están en disputa, principalmente entre empresas agroindustriales dedicadas a la producción de palma aceitera y comunidades campesinas.
La mora agraria acumula 1.100 solicitudes de tierra presentadas, de las cuales solo se han generado 40 resoluciones. Cuarenta respuestas para mil cien familias que esperan. Muchas llevan décadas esperando.
El Aguán no es solamente una historia hondureña. Es el retrato de lo que sucede cuando el capital global encuentra Estados débiles, leyes maleables y campesinos sin abogados. Cuando el “desarrollo” se financia sin preguntar quién muere para hacerlo posible.
Pero también es la historia de lo que se pierde cuando un territorio fértil uno de los valles agrícolas más productivos de Centroamérica queda atrapado en décadas de conflicto sin resolución. Porque la violencia no solo destruye vidas: destruye posibilidades. Cada asesinato, cada desalojo, cada titular internacional sobre paramilitares y campesinos muertos aleja a quienes podrían invertir en infraestructura, agroindustria responsable, turismo o desarrollo rural sostenible.
El Aguán tiene suelo, agua, clima y ubicación. Tiene todo para prosperar. Y sin embargo, la inestabilidad política y social que lo define desde hace cincuenta años lo mantiene en un limbo donde ni el campesino tiene seguridad jurídica sobre su parcela ni el inversionista tiene garantías reales para apostar a largo plazo. Todos pierden. Salvo quienes se benefician precisamente del caos.
Hay algo que los números no pueden contar: el silencio que se instala en una comunidad después de que matan a su líder. La forma en que las madres enseñan a sus hijos a no hablar demasiado. El miedo que se hereda junto con la parcela, si es que queda alguna parcela que heredar.
Un Estado que no puede garantizar ni la vida de un campesino ni el contrato de un empresario honesto es un Estado que le falla a todos. La solución al Aguán no es elegir entre justicia social e inversión: es entender que sin la primera, la segunda nunca llegará a quienes más la necesitan, ni se sostendrá en el tiempo para quienes la traigan.
En el Aguán, la tierra no solo alimenta. La tierra mata. Y la pregunta que nadie en el poder ha querido responder con honestidad es una sola, la misma desde 1974:
¿De quién es, en realidad, este valle?
