Corinto, Omoa, Cortés. – No murieron en el combate. Los sometieron, los sacaron de la vivienda, los llevaron a la montaña y allí los ejecutaron. Después los desmembraron. Después los quemaron. Eso fue lo que encontraron los equipos policiales y militares que rastrearon la ruta que tomó el grupo armado tras el ataque, hasta localizar a los cinco agentes ya sin vida en una zona boscosa del municipio de Omoa.
Los cuerpos fueron hallados en una carretera secundaria que conduce hacia la comunidad de Tegucigalpita, en el mismo municipio de Omoa.
Los cinco uniformados caídos son el subcomisario Lester Josué Amador Herrera, y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.
“Desafortunadamente, nuestros temores se hicieron realidad.” — Subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional
Según el comunicado oficial, los agentes realizaron el allanamiento en una vivienda vinculada a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, presuntamente dirigida por Heber Noé Argueta Zavala, sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondientes.
Durante el operativo se produjo un fuerte enfrentamiento armado, y los agentes fueron superados, privados de libertad y posteriormente asesinados.
La investigación dio un giro de dimensión transnacional. El comisionado de la Policía Nacional, Wilmer Mayer Ríos, reveló que una de las principales líneas apunta a que los responsables pertenecerían presuntamente a una estructura ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación de México. El modus operandi del ataque, según el comisionado, evidencia que no se trató de delincuencia común, sino de un grupo fuertemente adiestrado que emboscó a los oficiales a bala viva.
Entre las víctimas se encontraba el subcomisario Lester Amador, máster en política criminal e identificado como jefe de investigaciones de la Dipampco en Tegucigalpa, lo que convierte este ataque no solo en una emboscada táctica sino en un golpe deliberado contra la inteligencia policial de la unidad especializada.
Las consecuencias institucionales fueron inmediatas y sin precedentes. La Secretaría de Seguridad anunció la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la Dipampco, quienes son objeto de investigación por la presunta inobservancia de los protocolos durante el operativo.
Según el comunicado, el mando y control de la operación estaba bajo responsabilidad del equipo directivo, cuyos integrantes deberán responder por las consecuencias derivadas de la acción.
Un fuerte contingente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas fue desplegado en la zona de Corinto luego del enfrentamiento, con un operativo que según fuentes oficiales involucra a unos 500 policías y 200 militares en las labores de rastreo. Se emitió además una alerta a las autoridades guatemaltecas ante la presunción de que varios miembros de la estructura criminal cruzaron la frontera tras el ataque.
El presidente Nasry Asfura condenó los hechos y se comprometió a honrar la memoria de los caídos con justicia, mientras confirmó que el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la DPI y el Ministerio Público mantienen operaciones conjuntas en la zona.
Lo ocurrido en Corinto expone una fractura profunda en la cadena de mando policial hondureña: cinco agentes de élite enviados sin respaldo legal ni judicial a enfrentar, solos, a una estructura que las propias autoridades describen ahora como brazo del cartel más poderoso de México. La montaña donde fueron encontrados sus cuerpos es la evidencia más brutal de lo que cuesta ese vacío institucional.
