TOCOA, Colón.- La extorsión obligó esta semana a la Cooperativa de Transporte Interurbano de Pasajeros del Bajo Aguán Limitada (Cotraipbal) a paralizar buena parte de sus unidades, luego de que las amenazas contra los conductores se intensificaran en los últimos días. El temor entre los motoristas provocó que varias rutas que salen de Tocoa quedaran fuera de servicio.
El flagelo, que según transportistas de la zona opera de forma silenciosa desde hace tiempo en el Valle del Aguán, incremento esta semana ante exigencias económicas de estructuras criminales que, aseguran, superan lo que los operadores pueden costear.
De acuerdo con transportistas consultados, la cuota mínima que deben pagar los operadores en cada punto del Valle del Aguán ronda los 200 lempiras semanales por unidad. Solo en la ciudad de Sabá, donde circulan cerca de 40 unidades de pasajeros, el monto que estos grupos exigen mensualmente asciende a unos 32 mil lempiras.
Los transportistas describen el mecanismo de cobro como una exigencia silenciosa pero constante: si el pago no se cumple, las represalias se manifiestan en la carretera. Hasta el momento, aseguran, la situación no ha escalado al nivel de violencia registrado en otras ciudades del país.
“Mientras se esté pagando no hay problema”, relató a este medio un conductor de la ruta Tocoa-Sabá, quien pidió omitir su identidad por seguridad.
Según el motorista, el cobro se realiza en una fecha y lugar indicados previamente por los extorsionadores, quienes se comunican mediante un número celular que solo activan el día y la hora del pago. “Ellos solo dicen dónde dejar el dinero, y apagan el celular”, relató.
Los transportistas afirman que estos grupos tienen información detallada sobre su rutina, su vivienda y hasta sobre sus familiares, lo que refuerza el clima de temor entre los operadores. Se trata, según los motoristas, de una estructura prácticamente invisible que mantiene atemorizado al gremio.
Pese a que las autoridades han logrado capturar a algunos integrantes de estos grupos, los transportistas afirman que el cobro de extorsión no se detiene.
El pago de cuotas no se limita a Tocoa. Según los relatos recogidos, cada unidad de transporte debe cancelar una “renta” en distintos puntos a lo largo de su recorrido, que incluye Tocoa, Sabá, Olanchito, La Ceiba, Tela, El Progreso, San Pedro Sula y Tegucigalpa. En algunos de estos tramos, los operadores deben pagar simultáneamente a dos estructuras criminales distintas.
Ante este panorama, varios dueños de unidades de transporte han optado por alquilar sus autobuses a particulares como una forma de reducir su exposición directa al riesgo de extorsión.
