SAN SALVADOR, EL SALVADOR. — Detrás de los enormes muros del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde El Salvador mantiene encerrados a miles de integrantes de estructuras criminales, una delegación de diputados hondureños encontró algunas de las medidas que ahora pretende llevar a las cárceles del país. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió este viernes de la prisión construida durante el gobierno de Nayib Bukele con una idea que expresó sin rodeos: Honduras necesita fortalecer el control de sus reclusos de alta peligrosidad y está dispuesta a estudiar un modelo penitenciario más estricto para enfrentar a las maras y pandillas.
La visita se realizó este viernes 16 de octubre, como parte de una agenda de intercambio entre autoridades hondureñas y salvadoreñas, destinada a conocer las estrategias utilizadas en el control penitenciario y evaluar cuáles podrían adaptarse a la realidad de Honduras.
La comitiva estuvo integrada por diputados del Congreso Nacional y autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quienes recorrieron las instalaciones y recibieron explicaciones sobre los mecanismos de vigilancia, la distribución de internos y las medidas aplicadas dentro del complejo.
Al finalizar el recorrido, Zambrano mencionó varias de las medidas que llamaron su atención y que, a su juicio, podrían contribuir a reforzar la seguridad de los centros penales hondureños.
Entre ellas destacó las celdas de aislamiento, la concentración de entre 80 y 100 internos en determinados módulos, las restricciones de comunicación con el exterior y la revisión de las condiciones de alimentación de la población penitenciaria.
También señaló que en el CECOT pudo observar cómo integrantes de organizaciones criminales rivales permanecen recluidos en un mismo espacio, bajo estricta vigilancia.
Para el titular del Legislativo, estas experiencias pueden servir de referencia en los esfuerzos por impedir que las estructuras criminales mantengan capacidad de operación desde el interior de las cárceles.
«Hay varios temas que perfectamente los podemos implementar para fortalecer el manejo de estos criminales declarados terroristas en Honduras», expresó Zambrano durante su visita.
El congresista aseguró, además, que algunas restricciones de comunicación con el exterior ya comenzaron a implementarse en el sistema penitenciario hondureño.
Sin embargo, la eventual aplicación de nuevas medidas de aislamiento y control requerirá establecer las condiciones legales bajo las cuales podrían ejecutarse.
Uno de los compromisos anunciados por Zambrano fue impulsar desde el Poder Legislativo las iniciativas destinadas a ampliar la infraestructura penitenciaria de Honduras.
El objetivo, explicó, es disponer de establecimientos capaces de mantener bajo condiciones de máxima seguridad a personas vinculadas con organizaciones criminales de alta peligrosidad.
«Nos vamos con el compromiso que desde el Congreso vamos a respaldar las iniciativas de poder construir nuevos centros penales en el país», manifestó el presidente del Congreso Nacional.
Las autoridades hondureñas también estudian nuevos módulos penitenciarios y mecanismos como las audiencias judiciales virtuales, destinados a reducir determinados traslados de privados de libertad y fortalecer el funcionamiento del sistema.
El CECOT se ha convertido en uno de los principales símbolos de la política de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuyo gobierno ha impulsado un régimen de encarcelamiento de alta seguridad como parte de su estrategia contra las pandillas.
Para Zambrano, los resultados que atribuye a esa estrategia justifican conocer su funcionamiento y estudiar su aplicación en Honduras.
El presidente del Congreso considera que el país necesita tomar decisiones más estrictas frente a estructuras criminales que durante años han ejercido violencia, extorsión y amenazas sobre diferentes comunidades.
La delegación también sostuvo encuentros con autoridades legislativas salvadoreñas para intercambiar experiencias sobre posibles reformas legales en materia de seguridad.
Sin embargo, trasladar ese modelo a Honduras plantea preguntas que van más allá de la infraestructura carcelaria.
La política penitenciaria salvadoreña ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos por denuncias de detenciones arbitrarias, dificultades de acceso a la defensa y condiciones de reclusión. Por ello, cualquier adaptación deberá considerar las garantías constitucionales, la supervisión judicial y los derechos de las personas privadas de libertad.
El control de las comunicaciones entre reclusos y el exterior constituye uno de los puntos centrales del planteamiento presentado por Zambrano.
La intención, según sus declaraciones, es reducir la capacidad de los miembros de estructuras criminales para mantener contactos no autorizados, transmitir instrucciones o continuar actividades delictivas mientras cumplen sus condenas o permanecen detenidos.
Pero para que las restricciones produzcan resultados sostenibles, también será necesario fortalecer la vigilancia interna, los controles sobre el personal penitenciario y los mecanismos de investigación.
La experiencia salvadoreña servirá como referencia para una discusión que deberá continuar en Honduras, donde el Congreso tendrá que valorar las reformas y los recursos necesarios para ejecutarlas.
Zambrano concluyó su intervención con un mensaje dirigido a los hondureños, al reafirmar el compromiso del Legislativo de respaldar iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad.
«Desde el Congreso no le vamos a fallar a Honduras», aseguró.
Sus palabras reflejan la intención de impulsar cambios en el sistema penitenciario, aunque todavía queda pendiente conocer cuáles medidas serán presentadas formalmente, cuánto costarán y en qué plazos podrían implementarse.
