TEGUCIGALPA, HONDURAS. — Luis Redondo, quien presidió el Congreso Nacional entre 2022 y 2026, enfrenta una nueva situación judicial. Este viernes 23 de octubre trascendió que las autoridades libraron una orden de captura con alerta internacional en su contra, después de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal por presuntas irregularidades cometidas durante el funcionamiento de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo.
La medida también alcanzaría a Edis Antonio Moncada Eguigure, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), vinculado al mismo expediente.
De acuerdo con los reportes preliminares, las órdenes habrían sido emitidas después de que las defensas de ambos exfuncionarios no presentaran escritos de comparecencia voluntaria ante el tribunal encargado de conocer la causa.
Redondo se encontraría fuera de Honduras, aunque su ubicación actual no ha sido confirmada oficialmente. La alerta internacional buscaría facilitar su localización y eventual comparecencia ante las autoridades judiciales.
El proceso comenzó a tomar forma el pasado martes 20 de octubre, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la recepción de un requerimiento fiscal presentado contra 14 personas, entre exdiputados y funcionarios vinculados con la Comisión Permanente que operó durante la anterior legislatura.
Según el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, el expediente reúne 21 imputaciones distribuidas entre los señalados. A Redondo se le atribuyen cuatro cargos: perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos presuntas violaciones de los deberes de los funcionarios.
La magistrada Anny Belinda Ochoa fue designada jueza natural para conocer el proceso y resolver las solicitudes presentadas por el Ministerio Público.
La investigación está relacionada con actuaciones de la Comisión Permanente y las atribuciones que ejerció durante diferentes momentos de la administración legislativa anterior, incluidas decisiones que generaron controversias sobre su legalidad.
En el caso de Moncada, la Fiscalía le atribuye tres presuntas violaciones de los deberes de los funcionarios relacionadas con su desempeño en la ENAG.
La defensa de Redondo ha manifestado su intención de acudir ante la Corte Suprema de Justicia para conocer el expediente y definir las actuaciones legales correspondientes. El Ministerio Público había solicitado mantener bajo reserva la información del proceso.
Hasta las primeras horas de este viernes, estaba pendiente una confirmación oficial detallada sobre el alcance de las órdenes de captura y la activación de los mecanismos de cooperación internacional. Tampoco se ha confirmado públicamente la emisión de una notificación roja de Interpol.
