TEGUCIGALPA, HONDURAS. — Construir túmulos por iniciativa de vecinos, patronatos o municipalidades, sin estudios técnicos ni autorización, dejará de ser una práctica permitida en las principales carreteras de Honduras. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad, el miércoles 21 de octubre, una ley que establece controles para instalar reductores de velocidad y ordena revisar las estructuras existentes, muchas de las cuales fueron levantadas sin criterios uniformes de seguridad vial.
La legislación, denominada Ley de Ordenamiento Técnico y Eliminación de Túmulos Irregulares en la Red Vial Primaria Nacional, establece que cualquier dispositivo destinado a reducir la velocidad en estas carreteras deberá contar con la autorización expresa de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
La disposición alcanza directamente a las alcaldías, patronatos, organizaciones comunitarias y personas particulares, que ya no podrán decidir unilateralmente dónde construir estas estructuras en las vías comprendidas por la normativa.
La medida no significa que todos los túmulos desaparecerán ni que se prohibirá su instalación en lugares donde sean necesarios. Lo que cambia es el procedimiento: cada intervención deberá justificarse mediante criterios técnicos que consideren la seguridad de peatones y conductores.
Uno de los principales problemas que busca corregir la ley es la presencia de reductores construidos con dimensiones excesivas, sin pintura reflectiva o colocados en lugares donde los automovilistas no cuentan con suficiente distancia para disminuir la velocidad.
El diputado Marco Midence, impulsor de la iniciativa, explicó que el proyecto surgió después de escuchar las preocupaciones de ciudadanos de Atlántida por los accidentes y los obstáculos instalados sin regulación en las carreteras.
Durante la discusión legislativa, el congresista mencionó que solamente entre El Progreso y La Ceiba existen más de 90 túmulos, una cifra que deberá verificarse mediante el inventario oficial.
La normativa establece que la SIT, en coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), dispondrá de un plazo máximo de 12 meses para elaborar un inventario técnico de los reductores instalados en la red vial primaria.
Para los lugares donde sea necesario reducir la velocidad, la legislación contempla alternativas como reductores normalizados, cruces peatonales elevados, señalización preventiva y sistemas electrónicos de control.
Los dispositivos autorizados deberán contar con pintura visible, rótulos de advertencia y mantenimiento adecuado para que los conductores puedan identificarlos con anticipación.
¿Qué ocurrirá en municipios como Olanchito?
La nueva regulación tendrá especial importancia para las comunidades atravesadas por carreteras nacionales, donde es frecuente que los vecinos soliciten la construcción de túmulos para obligar a los conductores a disminuir la velocidad.
En municipios como Olanchito, esas solicitudes deberán tramitarse ante la SIT cuando correspondan a carreteras clasificadas dentro de la red vial primaria.
