Tegucigalpa.— A menos de 20 días de entregar el poder, la administración de la presidenta Iris Xiomara Castro enfrenta una creciente ola de reclamos por pagos atrasados que involucran a amplios sectores del Estado hondureño, desde burócratas, maestros y policías, hasta jueces, universidades públicas y constructores privados, en un escenario que evidencia una tensa y delicada situación de liquidez.
El conflicto se intensificó tras la emisión del Decreto Ejecutivo PCM 38-2025, mediante el cual el Gobierno ordenó a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) recentralizar recursos ociosos en la Cuenta Única de la Tesorería (CUT), una medida que, aunque presentada como administrativa, fue interpretada por analistas y sectores afectados como un reconocimiento implícito de una crisis financiera severa.
El decreto, publicado en La Gaceta, autoriza a SEFIN a reintegrar saldos no utilizados de cuentas bancarias y subcuentas de instituciones del sector público no financiero, siempre que los fondos no estén comprometidos legalmente.
El titular de Finanzas, Christian Duarte, estimó que la medida permitiría recolectar más de 1,000 millones de lempiras para cubrir obligaciones urgentes del Estado.
Sin embargo, los reclamos no han cesado. El Poder Judicial denunció una mora superior a 1,500 millones de lempiras en transferencias presupuestarias acumuladas desde 2023. El magistrado Mario Díaz, de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que la falta de recursos ha obligado a paralizar proyectos clave y ha impedido nombramientos necesarios para el funcionamiento de los juzgados.
“La deuda tiene que honrarse. Son compromisos estatales y corresponden a una asignación constitucional que nunca se ha cumplido en su totalidad”, afirmó Díaz.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) también elevó su reclamo. Su rector, Odir Fernández, denunció que el Ejecutivo mantiene retenidos más de 1,300 millones de lempiras del presupuesto universitario, lo que obligó a la institución a interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema. Aunque la universidad logró cerrar el año académico sin interrupciones, Fernández advirtió que la situación amenaza la estabilidad financiera y el cumplimiento de derechos laborales.
En el sector educativo, el malestar es aún más palpable. El dirigente magisterial Onan Cálix denunció que más del 60 % de los docentes no recibió su salario de diciembre y que un 30 % sigue sin recibir el aguinaldo. “Ni siquiera en el golpe de Estado de 2009 vivimos algo así”, lamentó, al tiempo que acusó al gobierno de castigar políticamente al magisterio tras las elecciones de 2025.
Los constructores privados también exigen pagos. El expresidente del Cohep y de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Juan Carlos Sikaffy, aseguró que el gobierno adeuda alrededor de 5,000 millones de lempiras en obras civiles. “Cuando no se paga al contratista, se le empuja a la insolvencia”, advirtió, e instó a la administración saliente a dejar saldadas sus obligaciones antes del 27 de enero.
A estos reclamos se suman protestas de empleados públicos, particularmente en la Secretaría de Planificación Estratégica, donde trabajadores denuncian falta de nombramientos formales y respeto a la antigüedad laboral. Incluso la Policía Nacional cerró 2025 reclamando salarios y bonos atrasados, una situación reconocida públicamente por su director, Juan Manuel Aguilar Godoy.
El cúmulo de exigencias coloca a la administración saliente bajo fuerte presión política y social, mientras crece la preocupación de que muchas de estas obligaciones sean heredadas al próximo gobierno.
