Lo ocurrido ayer en Olanchito no fue un operativo de investigación, fue un show sin precedentes que solo sirvió para dañar la imagen y la integridad de una familia trabajadora, que ha sido ejemplo de esfuerzo y servicio durante generaciones: la familia Ramos Erazo, propietarios de un reconocido supermercado, una Gasolinera y una tienda de Ferretería, uno de ellos ha operado en la ciudad desde los años 60.
El Ministerio Público, acompañado de elementos armados, irrumpió violentamente en negocios y viviendas, derribando portones y puertas sin dar mayor explicación. Al final del día, el saldo fue aún más devastador que cualquier daño material: no hubo capturas, no se presentaron pruebas y lo único que quedó fue una disculpa tibia ofrecida en privado.
¿Es ese el nivel de profesionalismo que se espera de quienes manejan la justicia en este país?
La ciudadanía no tardó en reaccionar. Las redes sociales se volcaron con mensajes de solidaridad hacia la familia Ramos Erazo, una tercera generación de comerciantes conocidos en Olanchito por su honestidad, humildad y compromiso social. Una familia que ha servido por décadas desde su primer local en el barrio La Unión hasta su actual establecimiento en el centro de la ciudad y su estación de Gasolina en la colonia Ponce y la Ferretería.
Este lamentable episodio plantea serias preguntas sobre la ética y la credibilidad del aparato investigativo hondureño. ¿En manos de quién estamos cuando basta un chisme, una malintencionada denuncia anónima o una “sospecha” sin sustento para allanar hogares y negocios, y con ello destruir el honor de familias enteras?
¿Quién responde por los daños morales? ¿Quién repara la imagen manchada en una comunidad que los conoce y los respeta?
La justicia no puede funcionar como espectáculo mediático, ni como arma para infundir miedo o fabricar culpables. No es posible que fiscales y jueces —con solo un sello y una firma— mancillen trayectorias de vida construidas con esfuerzo y honestidad.
Lo mínimo que se exige, en nombre de la verdad y de la comunidad de Olanchito, es una disculpa pública del Ministerio Público, acompañada de una revisión profunda a sus métodos de “inteligencia” que hoy han dejado claro cuán poco confiables pueden ser.
Olanchito se mantiene firme al lado de la familia Ramos Erazo, porque en esta tierra aún hay quienes creen en el trabajo honesto, en la dignidad y en que la verdad, por encima de todo, siempre sale a la luz.
