El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que, durante la primera semana del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, sus equipos lograron censar a más de 689 mil hondureños en aproximadamente 250 mil viviendas a nivel nacional.
Sin embargo, la institución también reconoció que una de cada cinco viviendas visitadas no pudo ser censada en el primer intento, ya sea porque sus habitantes no respondieron o no se encontraban en el inmueble al momento de la visita.
El dato fue confirmado por Wilmer Banegas, gerente de Estadísticas Sociales y Demográficas del INE, quien detalló que de unas 250 mil viviendas visitadas, el 80 % brindó una respuesta afirmativa a los equipos encargados de levantar la información. “A pesar de una campaña de desinformación, avanza de buena forma, tenemos un 80 % de respuestas afirmativas de las personas entrevistadas”, manifestó el funcionario, quien hizo un llamado a la población a colaborar con los censistas.
El 20 % de negativas no ocurre en un vacío. Según miembros del Censo la desinformación comenzó a circular incluso un día antes de que arrancara el levantamiento nacional.
Publicaciones en Facebook introdujeron la política, el miedo y la sospecha en un proceso cuyo propósito es actualizar los datos demográficos y socioeconómicos del país.
Los verificadores identificaron al menos cuatro bulos distintos que circularon en redes sociales: uno que presentó a los censistas como cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), otro que inventó una multa de 5,000 lempiras por no participar, uno más que atribuyó al cuestionario una pregunta sobre preferencias electorales desmentida previamente por el propio INE, y un cuarto que usó inteligencia artificial para fabricar una escena de contenido partidario.
Aunque emplearon recursos diferentes, los cuatro alteraron la naturaleza del censo, presentándolo como una operación de vigilancia o castigo económico en lugar de una herramienta estadística.
El efecto de estas narrativas ya es visible sobre el terreno. En el barrio El Jilote, en Santa Bárbara, varios vecinos cubrieron con bolsas los contadores de energía de sus viviendas por temor a que fueran fotografiados e incluidos en el proceso, según un video que circuló en redes sociales y que fue reportado por EL COMEJAMO.
Ante los episodios de rechazo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió a pedir a la población que permita el ingreso de los censistas a sus viviendas. El funcionario insistió en que el censo no debe relacionarse con intereses político-partidarios y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por versiones falsas sobre el operativo.
De fondo, el INE recuerda que la información recabada está protegida por secreto estadístico y que su único fin es orientar la planificación pública —desde inversión en salud y educación hasta distribución de recursos municipales— con datos que el país no actualiza desde 2013.
A partir de este lunes, el levantamiento se extendió al Distrito Central y a San Pedro Sula, dos de los centros urbanos más poblados del país. El operativo nacional está proyectado para desarrollarse durante dos meses, por lo que el INE prevé que las cifras de cobertura sigan creciendo conforme los equipos de campo agoten los reintentos en las viviendas donde inicialmente no obtuvieron respuesta.
