Honduras atraviesa un momento crítico para el ejercicio del periodismo. La censura directa, la intimidación digital y la violencia física se han convertido en parte del paisaje cotidiano para quienes ejercen la labor informativa, mientras el gobierno responde con silencio o justificaciones.
Desde inicios del presente gobierno, múltiples medios de comunicación han denunciado restricciones veladas y abiertas a su labor. Las denuncias van desde bloqueos al acceso a la información pública, negativas a brindar declaraciones, exclusión en coberturas oficiales, hasta el retiro de pautas publicitarias como castigo por líneas editoriales críticas.
Paralelamente, la violencia contra los periodistas no ha cesado. Según organizaciones defensoras de la libertad de prensa, en lo que va del año se han reportado agresiones físicas, amenazas directas y al menos dos asesinatos de comunicadores en diferentes regiones del país. La impunidad sigue siendo la norma: más del 90 % de estos crímenes no llegan a sentencia.
En el ámbito digital, los periodistas ahora enfrentan una nueva forma de agresión: las campañas de desprestigio desde perfiles falsos en redes sociales. Estas cuentas —en muchos casos con evidentes patrones de comportamiento automatizado— tienen como objetivo deslegitimar al periodista, tergiversar sus mensajes y sembrar dudas sobre su credibilidad ante la opinión pública.
Diversos analistas han advertido que esta estrategia busca generar autocensura en el gremio, minar la confianza del público en los medios tradicionales e imponer una narrativa única desde el aparato estatal o desde grupos afines al poder.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) ha pedido en reiteradas ocasiones una postura clara del Estado sobre estas prácticas. Sin embargo, hasta la fecha, ni la Secretaría de Derechos Humanos ni Casa Presidencial han asumido responsabilidad o abierto investigaciones sobre los ataques digitales coordinados, ni han condenado los crímenes contra periodistas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH también ha mostrado preocupación por la situación hondureña, señalando que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, lo que incluye tanto la protección física como la digital, y la no criminalización de la opinión.
En una democracia saludable, los medios no deben ser aplaudidos solo cuando elogian, ni silenciados cuando cuestionan. El periodismo crítico no es enemigo del gobierno: es una herramienta del pueblo para fiscalizar el poder.
Hoy más que nunca, Honduras necesita periodistas valientes, medios libres y un Estado que entienda que sin libertad de expresión, la democracia no es más que una palabra vacía.
