Olanchito, YORO. – Comerciantes de Olanchito denunciaron que varios negocios de propietarios chinos instalados en la ciudad estarían emitiendo facturas sin Clave de Autorización de Impresión (CAI), el mecanismo que el Servicio de Administración de Rentas (SAR) exige para garantizar que una venta quede formalmente registrada y tribute conforme a la ley.
Según los comerciantes consultados, la irregularidad de confirmarse significaría que estos negocios no estarían trasladando al fisco el Impuesto Sobre Ventas (ISV) correspondiente a sus operaciones, algo que ellos sí están obligados a hacer.
El reclamo de Olanchito no es un caso aislado. Se inserta en una denuncia nacional que en las últimas semanas ya llego hasta el Congreso Nacional, luego de que la Federación de Comerciantes de Honduras documentara un patrón similar en distintas ciudades del país: comercios de origen chino que entregan como comprobante de compra simples “ticket de compra” muchas veces redactados en idioma chino, sin desglose del ISV y sin los datos fiscales exigidos por el Código Tributario en lugar de una factura de crédito fiscal válida.
De acuerdo con el Reglamento del Régimen de Facturación vigente en Honduras, toda factura debe incluir, entre otros elementos, el nombre o razón social del emisor, su Registro Tributario Nacional (RTN), la Clave de Autorización de Impresión (CAI) asignada por el SAR, el rango de numeración autorizado y el Impuesto Sobre Ventas desglosado por separado.
Omitir estos requisitos o carecer por completo de CAI constituye una infracción sancionable por el SAR y, según explican los propios comerciantes hondureños, representa además una ventaja competitiva ilegítima: mientras ellos trasladan el 15% o 18% de ISV al precio final y lo declaran ante el fisco, un negocio que no factura formalmente puede ofrecer precios más bajos sin asumir esa carga tributaria.
Un dirigente de la Federación Nacional de Comerciantes explicó en una denuncia pública reciente que existen 638 empresas de origen chino censadas en distintos puntos del país, de las cuales un porcentaje importante no emite facturas de crédito fiscal ni cotiza al Instituto Hondureño de Seguridad Social por sus empleados.
“No pagan ningún impuesto relacionado a todos los impuestos que pagamos nosotros. Ellos importan todo y no compran prácticamente nada en el comercio local”, señaló el representante gremial, quien aclaró que los comerciantes hondureños no se oponen a la inversión extranjera, sino que exigen que compita en igualdad de condiciones fiscales.
Un caso documentado en Olanchito, Yoro, ejemplifica el patrón: una factura emitida en febrero de este año por una tienda china de esa ciudad detallaba los artículos en idioma chino y no incluía el Impuesto Sobre Venta, algo que —advirtieron comerciantes locales— le generaría sanciones inmediatas del SAR a cualquier negocio hondureño que operara de la misma manera.
¿Exonerados de impuestos? Lo que dice la ley
Sobre la posibilidad de que estos negocios operen bajo algún régimen de exoneración fiscal, la legislación hondureña sí contempla beneficios tributarios amplios, pero bajo condiciones específicas. La Ley de Zonas Libres (ZOLI) exonera del pago de impuestos a las mercancías, ventas e ingresos de empresas formalmente registradas como operadoras o usuarias de zona libre, un régimen pensado para fomentar la exportación y la inversión industrial, no el comercio minorista de artículos importados para venta directa al consumidor hondureño.
Es decir, que un negocio se dedique a vender productos importados al detalle en un local dentro de una ciudad como Olanchito no lo califica, en principio, para los beneficios del régimen ZOLI, salvo que esté formalmente inscrito y autorizado como operador bajo esa figura ante la Secretaría de Desarrollo Económico.
Esa es, precisamente, una de las líneas que el Congreso Nacional pidió investigar. El diputado nacionalista Mario Pérez presentó una moción aprobada este año por el pleno legislativo para que el SAR verifique si los negocios chinos están legalmente inscritos y al día con sus obligaciones tributarias; que la Administración Aduanera revise si sus importaciones pagan los aranceles correspondientes; que el Banco Central de Honduras vigile posibles fugas de divisas hacia China derivadas de estas operaciones; que la Secretaría de Desarrollo Económico supervise los permisos y la calidad de los productos comercializados; y que el Instituto Nacional de Migración verifique el estatus legal de los propietarios de estos negocios.
El director ejecutivo de Aduanas, Marco Abadie, respondió públicamente que la institución no se opone a la inversión extranjera, pero advirtió que todo negocio debe cumplir con el pago de impuestos o enfrentará las medidas legales correspondientes.
Los 15 mil chinos sin paradero conocido
La preocupación de los comerciantes se entrelaza con otra investigación, esta de carácter migratorio. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) citadas por el Congreso Nacional, unos 15,000 ciudadanos chinos ingresaron a Honduras entre 2022 y 2025 el periodo que coincide con la gestión del gobierno de Libertad y Refundación (Libre), pero las autoridades reconocen que actualmente desconocen el paradero de buena parte de ese grupo.
El Congreso anunció la creación de una comisión especial, integrada por representantes de Migración, la Cancillería, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, para auditar las bitácoras del INM y determinar si esas personas permanecen en el país en condición irregular o si utilizaron Honduras únicamente como zona de tránsito hacia otros destinos.
Calidad de los productos, otro frente de queja
Al reclamo fiscal y migratorio, los comerciantes de Olanchito sumaron una queja adicional: la de la calidad de los productos que estos negocios comercializan, que según sus propias palabras sería inferior a la de las mercancías tradicionalmente distribuidas por el comercio formal hondureño, además de competir con precios que los pequeños negocios locales no pueden igualar.
Ese mismo patrón ha sido documentado en otras ciudades del país, donde la expansión acelerada de tiendas chinas ha provocado, según gremios comerciales, el cierre de talleres de costura y zapaterías que no logran competir contra la variedad de productos ofertados a menor precio.
