Mientras miles de hondureños viven momentos de angustia tras la cancelación oficial del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del gobierno de Estados Unidos, otros países continúan bajo el amparo de esta figura humanitaria.
La decisión ha encendido nuevamente el debate sobre las razones políticas, humanitarias y estratégicas que determinan quién se queda bajo el manto de protección y quién es empujado, sin más, al abismo de la incertidumbre.
Estados Unidos mantiene vigente el TPS para países como El Salvador, Siria, Ucrania, Yemen, Afganistán, Etiopía, Sudán del Sur, Líbano, Somalia, Myanmar, entre otros, mientras que Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela han sido recientemente excluidos.
A simple vista, el patrón parece obedecer a criterios técnicos: mejora de las condiciones en los países de origen o cambios en las causas que justificaron el beneficio. Pero si se escarba más profundo, la lectura se vuelve más política.
Por ejemplo, Honduras y Nicaragua —ambos con regímenes criticados por su cercanía a gobiernos autoritarios y por su retórica antimperialista— han perdido el TPS. En contraste, países como Ucrania o Myanmar, donde los conflictos siguen latentes y donde EE. UU. tiene intereses estratégicos claros, mantienen el beneficio.
¿Por qué se cancela el TPS?
El TPS es una figura migratoria creada para proteger temporalmente a personas cuyos países de origen enfrentan guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Su otorgamiento no es automático ni permanente: se renueva o cancela periódicamente según la evaluación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el criterio político de turno.
En el caso de Honduras y Nicaragua, el argumento oficial es que ya no existen las condiciones extraordinarias que justificaban su permanencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y analistas internacionales han cuestionado esta narrativa, señalando que los niveles de pobreza, violencia, corrupción e inestabilidad siguen siendo alarmantes, y que los gobiernos afectados no están preparados para recibir de golpe a miles de retornados.
La cancelación del TPS no es solo una cuestión migratoria. Es una bomba social y económica que explota silenciosamente en los países afectados. En Honduras, más de 70,000 personas están en riesgo de deportación. Muchas de ellas llevan más de dos décadas en EE. UU., han formado familias, trabajan legalmente, pagan impuestos y envían remesas.
Estas remesas —que representan más del 25% del PIB hondureño— podrían verse afectadas, generando un efecto dominó en comunidades enteras que dependen de ese sustento. Además, se teme un aumento en la migración irregular, con hondureños buscando otras rutas para regresar al norte, ahora sin protección ni papeles.
Lo que ocurre con el TPS es más que una decisión administrativa. Es un reflejo del lugar que ocupa cada país en el tablero diplomático de Washington. También es una advertencia para los gobiernos que, como el de Honduras, no han sabido defender con firmeza y coherencia los intereses de su gente en el exterior.
Se necesita más que comunicados diplomáticos. Se necesita estrategia, diplomacia efectiva y voluntad política para garantizar que nuestros ciudadanos no sean tratados como piezas descartables de una partida geopolítica.
Porque si bien el TPS se cancela con una firma, las vidas que quedan colgando no se reconstruyen con excusas.
