TOCOA, Colón.— Con un crucifijo colgado en el pecho y las manos esposadas, el hombre más poderoso de Tocoa fue sacado de su cama este martes en la mañana. Adán Fúnez Martínez, exalcalde de Tocoa y figura central de la política del departamento de Colón durante más de una década, fue detenido en su domicilio mientras dormía, trasladado en helicóptero a La Ceiba y presentado ante los tribunales como presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista y regidor Juan Antonio López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024.
El hombre que parecía intocable en el Bajo Aguán finalmente tiene esposas en las muñecas.
La captura se produjo en el marco de la Operación Guardián del Ambiente, dirigida por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos y la Dirección Policial de Investigaciones, en coordinación con la Policía Nacional.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que los operativos se desarrollaron de forma simultánea en distintos puntos del departamento de Colón, resultando en tres capturas: el propio Fúnez, Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos.
La Policía confiscó elementos materiales que vinculan a los detenidos con el crimen, mientras se realizaban allanamientos adicionales en distintos puntos de la región caribeña. En paralelo, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ejecutó allanamientos en la alcaldía de Tocoa, incautando documentos relacionados con una investigación paralela por supuestos actos de corrupción en la gestión municipal una segunda línea de investigación que podría generar acusaciones adicionales contra el exalcalde en las próximas semanas.
Las investigaciones policiales reconstruyeron la estructura del crimen con una precisión que la fiscalía llevará ahora ante los tribunales. Según las autoridades, el asesinato de Juan López no fue un acto espontáneo sino una operación con roles definidos: uno pagó, otro contrató a los sicarios y el tercero coordinó la operación.
Adán Fúnez, según la investigación, ocupa el rol de autor intelectual el que ordenó y financió la muerte del ambientalista.
La detención no sorprende a quienes siguieron el caso desde el principio. El 24 de junio de 2024, apenas tres meses antes de ser asesinado, Juan López había exigido públicamente la renuncia de Fúnez por supuestos actos irregulares cometidos por el edil. Dos días después de la última conferencia de prensa en la que López exigió esa renuncia, el sicario esperaba al ambientalista a la salida de la iglesia de la colonia Fabio Ochoa.
Esa noche del 14 de septiembre de 2024, Juan López salió de una celebración religiosa donde se desempeñaba como delegado de la pastoral social, se dirigió hacia su vehículo y fue atacado a balazos por un hombre que se movilizaba en una motocicleta pequeña. El sicario disparó, huyó y dejó al ambientalista con heridas mortales.
Juan López no era solo un activista — era el coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, la voz más visible de la oposición a la empresa minera Inversiones Los Pinares, que durante años extrajo óxido de hierro a cielo abierto afectando los ríos San Pedro, Guapinol y Tocoa, que forman parte de la cuenca del río Aguán.
Durante años, López había denunciado el impacto ambiental de esa empresa, la deforestación en zonas no autorizadas, la apertura de carreteras dentro de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos y el uso de maquinaria pesada y explosivos en áreas protegidas. Pretendía también evidenciar los vínculos del exalcalde Fúnez con la corrupción y personas relacionadas con supuestos grupos armados.
A casi un año de su muerte, investigaciones periodísticas revelaron que tres empresas vinculadas a la familia Tábora con presuntos nexos con grupos armados recibieron pagos por más de 4.6 millones de lempiras de la alcaldía de Tocoa solo en 2024. Juan López investigaba esos contratos cuando fue silenciado.
Lo que pocos recordaban hasta hoy: antes de convertirse en mártir del ambientalismo hondureño, Juan López también había sido preso. Fue recluido en la cárcel de Támara acusado de daños a la propiedad privada durante su lucha contra la minera. Este martes, Adán Fúnez ingresó al mismo penal donde el hombre al que supuestamente mandó matar había estado recluido. La ironía de la justicia tardía no pasó desapercibida para nadie en Tocoa.
En la audiencia de declaración de imputados celebrada en los tribunales de La Ceiba, el juez asignado al caso dictó detención judicial contra los tres capturados Fúnez, Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos quienes fueron trasladados a la Cárcel de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, donde permanecerán hasta la celebración de la audiencia inicial programada para el viernes a las 9:15 de la mañana en el circuito judicial de San Pedro Sula.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, fue contundente al respaldar el proceso: la Policía tiene los suficientes elementos que involucran a los tres acusados, afirmó, asegurando que la estructura criminal fue desarticulada con estas capturas.
El expediente de Adán Fúnez es más largo y más oscuro que el de un alcalde municipal ordinario. Tocoa está enclavada en la cuenca del Aguán, en el corazón de las rutas por las que pasa la cocaína que cruza el territorio hondureño hacia el norte. Fue aquí donde Los Cachiros montaron su imperio. Y fue aquí donde los intereses del narco se cruzaron con los de grandes empresarios y terratenientes que depredaron por décadas los recursos naturales del lugar.
Adán Fúnez es uno de los hondureños mencionados en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Fúnez aparece en el video que se hizo viral donde se ve a Carlos Zelaya cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya reunido con narcotraficantes en 2013. Durante ese encuentro, Zelaya dice que la mitad del dinero ofrecido por los narcos es para “el comandante”, en alusión a Mel Zelaya.
Ese video fue el detonante final. Cuando fue publicado en septiembre de 2024 por dos periodistas estadounidenses, Juan López, como coordinador departamental de la corriente de Libre y regidor de Tocoa, solicitó en conferencia de prensa la renuncia voluntaria del alcalde Adán Fúnez por su aparición en esa reunión con narcos. Dos días después, Juan López estaba muerto.
Una fiscal anticorrupción de La Ceiba fue removida de su cargo tras negarse a presentar un requerimiento fiscal “suavizado” en un caso que involucraba al exalcalde Fúnez y sus conexiones con el asesinato de Juan López.
Según testimonios ante el Congreso Nacional, ella pretendía presentar acciones penales con órdenes de captura que posteriormente fueron eliminadas en un nuevo requerimiento. La justicia, en el caso de Juan López, no solo llegó tarde — llegó después de que intentaron impedirla desde adentro.
La captura de Fúnez desató reacciones inmediatas de quienes llevaban meses — y en algunos casos años — exigiendo que el caso no quedara en la impunidad.
Monseñor Jenry Ruiz, obispo de la Diócesis de Trujillo, publicó en sus redes: “La captura de don Adán Fúnez es un paso importante en todo el proceso de justicia para nuestro hermano Delegado de la Palabra de Dios: Juan Antonio López”. Pero el prelado fue claro en que el trabajo no termina con la detención:
“El Ministerio Público tiene la gran obligación de darle a todo este proceso la seriedad, celeridad y transparencia que requiere, para establecer las responsabilidades intermedias y a los actores intelectuales de un entramado más grande de corrupción y crimen organizado, que toca negocios mineros y políticos”.
El padre Ismael Moreno, sacerdote jesuita que ha sido una de las voces más persistentes en la exigencia de justicia, también reaccionó con mesura: “No podemos estar conformes porque corresponde investigar un entramado más grande que toca intereses de negocios mineros y políticos. Que se dé la captura es importante, se avanza hacia la justicia, pero se debe continuar el entramado más grande.”
Ambos religiosos transmiten el mismo mensaje que los movimientos sociales del Bajo Aguán llevan repitiendo desde el 14 de septiembre de 2024: capturar al presunto autor intelectual es un paso no el destino.
El contexto en el que cae Adán Fúnez es brutal en sus estadísticas. Honduras registró en la última década 111 asesinatos de defensores del ambiente, con el 92% de los casos sin respuesta judicial. El 99% de los asesinatos de ambientalistas en Honduras permanece en la impunidad.
En enero de 2026, el empresario Lenir Pérez — también investigado en conexión con el caso Juan López fue beneficiado por un juez con la suspensión de la orden de captura y la alerta migratoria en su contra, mediante una audiencia ad hoc que los abogados calificaron como “la fotografía más clara del privilegio de un imputado prófugo con poder económico y político”.
La captura de Fúnez rompe ese patrón al menos por ahora. Es la primera vez que un exalcalde hondureño cae acusado de ordenar el asesinato de un defensor ambiental. Y la audiencia del viernes en San Pedro Sula dirá si el sistema judicial hondureño está dispuesto a sostener ese quiebre o si, como tantas veces antes, el entramado más grande termina protegiéndose a sí mismo.
Juan López murió defendiendo un río y un parque nacional. Este martes, el hombre al que las investigaciones señalan como responsable de su muerte ingresó al mismo penal donde Juan estuvo preso. El Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía sigue siendo explotado. La justicia ha dado un paso. El camino que falta es largo.
