Tegucigalpa — El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó este jueves un requerimiento fiscal contra el general en condición de retiro Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas, por el delito de lavado de activos con dinero proveniente del narcotráfico.
Según el comunicado oficial, la acusación está respaldada por un video en el que se observa al imputado recibiendo dinero en efectivo de parte de un narcotraficante, líder de uno de los carteles más violentos del país y posteriormente condenado en Estados Unidos.
El material audiovisual fue analizado en el Laboratorio de Video Forense de Medicina Legal y, según el MP, su autenticidad fue confirmada por expertos internacionales. Además, se incorporaron pericias financieras como parte de las pruebas documentales.
La reacción de Vásquez Velásquez no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el exgeneral negó los señalamientos, cuestionó la imparcialidad del Ministerio Público y arremetió directamente contra el fiscal general Johel Zelaya.
“Con todo el dinero del gobierno, ni con nuevas tecnologías ni con inteligencia artificial pueden incriminarme. ¡Bárbaros! Fiscal General, al ver su actuar, créame que lo único que puedo sentir es pena por usted”, escribió.
Vásquez también denunció que hay un trato desigual en la aplicación de la justicia, refiriéndose a un caso anterior en el que el mismo fiscal argumentó que el video del narcotraficante Carlos Zelaya —hermano del expresidente Manuel Zelaya— “era demasiado antiguo” para iniciar un proceso judicial. “Entonces, ¿la justicia en Honduras es para unos y para otros no?”, cuestionó el exmilitar, calificando de “ridícula” la evidencia en su contra.
La acusación llega pocas horas después de que Romeo Vásquez anunciara públicamente que se estaba preparando un proceso penal en su contra, lo que para algunos sectores podría interpretarse como una persecución política.
Analistas consideran que este caso marcará un nuevo punto de tensión entre el Ministerio Público y actores políticos vinculados al pasado militar del país. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención si se trata de un verdadero ejercicio de justicia o de un instrumento para saldar cuentas pendientes.
