YORITO, YORO.— Entre las doce personas asesinadas durante la madrugada de este miércoles en Yorito hay un elemento que comienza a llamar la atención: al menos tres de las víctimas estaban vinculadas con la Alcaldía Municipal. Una regidora, una empleada de limpieza y un vigilante perdieron la vida en una serie de ataques que ahora plantean una pregunta central para los investigadores: ¿fue la administración municipal uno de los objetivos de los criminales?
La regidora Delma Yolanda Olvera Pérez, asesinada junto con su esposo y su pequeña hija en la comunidad de Pacayal, es una de las víctimas identificadas. También se reporta la muerte de Clara Mejía, quien trabajaba como aseadora de la Municipalidad, y de un empleado que desempeñaba funciones de vigilancia en la institución.
La coincidencia adquiere relevancia por información conocida sobre asuntos de seguridad y delincuencia que habrían sido discutidos previamente en el seno de la Corporación Municipal de Yorito, entre ellos situaciones relacionadas con presuntos integrantes del denominado Cártel del Diablo.
Aunque todavía no se dispone de las actas municipales que permitan establecer el contenido preciso de esas deliberaciones, este antecedente abre una línea de investigación sobre la posibilidad de que los asesinatos estuvieran dirigidos contra personas relacionadas con el gobierno local.
Olvera Pérez, además de ejercer su cargo como regidora, había denunciado amenazas vinculadas con su defensa del territorio indígena tolupán. Este antecedente debe ser examinado para determinar si las intimidaciones que recibió guardan relación con su asesinato.
La Policía Nacional confirmó que doce personas murieron en cuatro ataques ocurridos en sectores rurales de Yorito. Nueve víctimas fueron encontradas en tres escenas del sector de Vallecillo y otras tres en Pacayal, donde fue asesinada la regidora junto con su familia.
La distribución de los ataques, ejecutados durante una misma madrugada, ha llevado a las autoridades a investigar la posible participación de estructuras del crimen organizado, segun se informa a las 9 víctimas en el Pacayal las reunieron en una sola vivienda antes de asesinarlas a todas.

Durante las horas posteriores circularon videos y mensajes atribuidos a un supuesto cabecilla del Cártel del Diablo, en los que se reivindican los asesinatos y se lanzan amenazas contra las autoridades. La autenticidad de esas comunicaciones y la identidad de sus responsables deberán ser establecidas por los investigadores.
El comisionado de la Policía Nacional Lenín Pineda advirtió que, durante las primeras investigaciones, todavía no se había establecido una relación comprobada entre los asesinatos y esa organización criminal.

La masacre ocurrió dos semanas después de una operación policial de gran escala contra el Cártel del Diablo en Yorito, Sulaco y Victoria, que dejó numerosas capturas y posteriormente procesos judiciales contra presuntos integrantes de la estructura.

