Tegucigalpa, Honduras — En medio de cuestionamientos y especulaciones, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, salió al paso para justificar la decisión de retirar el armamento reglamentario a oficiales de las promociones 28, 29 y 30 de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Según explicó, la medida responde exclusivamente a un ajuste administrativo ante la “escasez de armamento” disponible y no, como algunos han interpretado, a una señal de tensión interna en la institución castrense.
“Esa notificación es real, pero tiene otro propósito, no el que se ha querido dar a entender”, expresó Hernández, enfatizando que se trata de una decisión tomada desde hace al menos cinco años para evitar gastos adicionales al Estado en la adquisición de nuevas armas.
La orden afecta a oficiales que actualmente desempeñan funciones administrativas, quienes deberán entregar sus armas para reasignarlas a personal operativo en campo.
El general ofreció un análisis interno sobre cómo la situación ha evolucionado: “Antes, la Fuerza Aérea graduaba entre 15 y 20 oficiales; hoy son hasta 80. La Academia Militar pasó de 35 a más de 100 graduados anuales. Esto genera una presión real sobre los recursos logísticos, especialmente el armamento, que no ha crecido al mismo ritmo”.
Sin embargo, el anuncio ha provocado preocupación y debate en círculos políticos y militares, especialmente por su coincidencia con otras decisiones controvertidas del general Hernández, como sus recientes roces con medios de comunicación y periodistas.
Para algunos sectores críticos, el retiro de armas podría leerse como una estrategia de contención frente a una supuesta desconfianza en ciertos cuadros militares, una lectura que Hernández rechaza categóricamente.
“Las decisiones nos corresponden a nosotros. Lo que pueda decir otra persona no se puede tomar en cuenta porque tendría que estar en nuestros zapatos comandando la institución”, remarcó el jefe militar, defendiendo la autonomía y criterio interno con que se tomó la decisión.
Lo cierto es que, en un país donde la institucionalidad militar históricamente ha gozado de amplio poder, decisiones como esta —aunque se justifiquen en lo administrativo— no pasan desapercibidas. Y cuando se cruzan con climas políticos polarizados, cualquier movimiento se convierte en lectura política.
