La presidenta Xiomara Castro anunció la autorización de 50 millones de lempiras para la compra de implementos de protección destinados a motociclistas de escasos recursos.
La medida, impulsada a través de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y con apoyo de la Secretaría de Seguridad, busca atender el incremento de accidentes viales protagonizados por motocicletas en el país.
Según datos oficiales del Instituto de la Propiedad (IP) y del Banco Central de Honduras (BCH), actualmente circulan más de un millón 383 mil motocicletas en todo el territorio nacional. El problema es claro: un gran porcentaje de estos vehículos son conducidos sin las mínimas medidas de protección exigidas por ley, como el uso de casco y otros accesorios de seguridad personal.
La presidenta lo hizo saber mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, donde expresó: “Se ha incrementado el número de accidentes graves en motocicletas. Está prohibida la circulación de motocicletas que no cuenten con los accesorios e implementos de seguridad exigidos por la ley.” Acto seguido, anunció la liberación de los fondos para facilitar la adquisición de estos implementos, asegurando que la entrega será coordinada en un plazo de 72 horas por COPECO y la Secretaría de Seguridad.
No obstante, el anuncio ha generado reacciones encontradas. Aunque se reconoce la urgencia de promover una cultura de seguridad vial, surgen cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. No se ha detallado el mecanismo de selección de beneficiarios ni se ha aclarado si habrá un proceso de licitación pública para la compra del equipo de protección.
Expertos en seguridad vial consideran que, si bien la medida es positiva en términos de prevención, podría convertirse en un canal de clientelismo político si no se reglamenta de forma objetiva. “La ley es clara: todo conductor de motocicleta debe portar su equipo de protección. Que el Estado subsidie esa responsabilidad sin criterios claros puede generar distorsiones y beneficiar a quienes ya incumplen la normativa”, comentó un analista en movilidad urbana.
Además, voces críticas advierten que esta acción puede esconder fines proselitistas en un contexto preelectoral, utilizando fondos públicos como herramienta de simpatía política en sectores populares, donde el uso de motocicleta es más frecuente por razones económicas.
Por ahora, el país espera que en las próximas horas se dé a conocer la reglamentación concreta de esta ayuda gubernamental, y que COPECO y Seguridad garanticen un proceso justo, transparente y con verdadero enfoque preventivo.
