Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), destacó recientemente que, aunque Honduras ha logrado disminuir las tasas de homicidios significativamente, el país sigue siendo el más violento de Centroamérica y el segundo más violento en Latinoamérica.
La tasa de homicidios ha bajado de 86.5 por cada 100,000 habitantes en 2011 a 33 en la actualidad, pero comparativamente, otros países de la región también han visto reducciones en sus tasas, manteniendo a Honduras en una posición desfavorable en el contexto regional.
En un esfuerzo por abordar esta grave situación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha instado al Gobierno de Honduras a adoptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) presentadas en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Este informe detalla preocupaciones críticas como la debilidad institucional democrática, la inseguridad ciudadana, y los desafíos en el acceso a la justicia, además de abordar la conflictividad agraria y la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos.
El informe de la CIDH también ofrece recomendaciones específicas para mejorar la protección de grupos vulnerables incluyendo a las comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI, discapacitados, ancianos, migrantes, reclusos, así como la libertad de expresión y los derechos de niños y adolescentes.
Uno de los puntos más alarmantes destacados por Ayestas es la prevalencia de armas de fuego en Honduras, que contribuyen al 77% de las muertes violentas en el país.
La proliferación de armas es una de las principales razones detrás de la alta tasa de homicidios, subrayando la necesidad urgente de políticas efectivas de control de armas.
Según Ayestas, es fundamental que Honduras implemente las recomendaciones de la CIDH para desarrollar políticas públicas más efectivas que prevengan la violencia y reduzcan las alarmantes cifras de criminalidad.
Esta implementación no solo mejorará la seguridad en el país, sino que también fortalecerá la situación de los derechos humanos y la democracia en Honduras.
