La reciente acusación de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, contra el régimen de Nicolás Maduro no es un simple pronunciamiento judicial: es un mensaje político de alto voltaje con repercusiones directas para Honduras.
Señalar que autoridades hondureñas habrían recibido pagos para permitir el uso del espacio aéreo nacional en operaciones de narcotráfico es un golpe frontal a la imagen y credibilidad de las instituciones del país.
En el lenguaje de la política internacional, estas acusaciones equivalen a abrir un expediente público de sospecha. En la narrativa estadounidense, Honduras no es solo un país de tránsito, sino un eslabón activo en un “puente aéreo” criminal que une a Venezuela con los mercados de cocaína y fentanilo en Estados Unidos.
Esto coloca a nuestras autoridades frente a un dilema: o reaccionan con contundencia y transparencia, o quedarán atrapadas en el discurso de complicidad.
Los expertos en crimen transnacional coinciden en que el negocio de la droga ha dejado de ser exclusivamente un fenómeno delictivo para convertirse en un instrumento de poder.
Maduro, según Bondi, no actúa solo como capo, sino como un actor geopolítico que utiliza las rutas ilícitas para tejer alianzas con cárteles como el de Sinaloa y el Tren de Aragua, garantizando protección y logística a cambio de capital político y financiamiento ilegal.
Para Estados Unidos, este patrón no solo atenta contra su seguridad interna —por la crisis de sobredosis vinculada al fentanilo—, sino que también erosiona su influencia en Centroamérica, donde el narcotráfico compra lealtades y distorsiona la gobernanza.
Cuando Washington señala con nombre o insinuación, el costo político no tarda en sentirse. Las acusaciones de la fiscal Bondi, aunque no han nombrado a funcionarios concretos, abren la puerta a investigaciones más profundas, sanciones y, potencialmente, acusaciones formales.
La historia reciente demuestra que, para el sistema judicial estadounidense, la jurisdicción no termina en sus fronteras; exfuncionarios y miembros de alto perfil político hondureño ya han enfrentado juicios en Nueva York por delitos de narcotráfico.
El riesgo es doble: en lo interno, estas declaraciones escarban en la confianza ciudadana en las autoridades; en lo externo, generan presiones diplomáticas que pueden traducirse en condicionamientos de cooperación y asistencia internacional.
La respuesta no puede ser el silencio administrativo ni la retórica defensiva. El país necesita demostrar capacidad real de control territorial y aéreo, depuración institucional y disposición a colaborar en investigaciones internacionales, sin importar cuán incómodas resulten.
La diplomacia preventiva y la transparencia operativa son, en este momento, la única vía para reducir el daño reputacional y político.
La advertencia es clara: el narcotráfico no es solo un delito, es una herramienta de poder que, si no se confronta, termina gobernando por encima de los gobiernos.
Honduras tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que su soberanía no se alquila al mejor postor en las rutas de la cocaína y el fentanilo, aunque lejos de ello la Presidenta Castro y hasta el Presidente del Congreso han salido en defensa de Maduro.
