Tegucigalpa, Honduras. – El libro de salida de su oficina en Tegucigalpa los registró con destino a Colón. Terminaron muertos en Corinto, Omoa, a cientos de kilómetros de donde debían estar, dentro de una vivienda a la que nadie les autorizó ingresar, enfrentando a una estructura criminal que el portavoz de la Policía Nacional describió como vinculada al narcotráfico y, según otras fuentes, con nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esa es la línea que traza la nueva información oficial sobre la muerte de los cinco agentes de la Dipampco: no fue solo una operación que salió mal. Fue una operación que nunca debió ocurrir donde ocurrió, ni de la manera en que ocurrió.
El portavoz de la Policía Nacional, Wilmer Mayes, lo dijo sin rodeos en el noticiero Hoy Mismo.
“No iba dirigida esa acción ahí porque no tenía el visto bueno primeramente de las autoridades policiales y tampoco tenían la autorización legal que establecen los órganos jurisdiccionales de Honduras.” — Wilmer Mayes, portavoz de la Policía Nacional
La tarea asignada a los cinco uniformados era estrictamente de observación: vigilancia mediante medios técnicos y electrónicos relacionada con un caso de drogas. Sin allanamiento. Sin ingreso a ninguna propiedad. Sin contacto directo con el objetivo.
Una misión de bajo perfil operativo que, por razones que la investigación aún debe esclarecer, derivó en una incursión armada a una vivienda en una zona fronteriza de alta peligrosidad, sin respaldo judicial, sin autorización de mando y sin el perímetro de seguridad que una operación de esa naturaleza exige.
Mayes añadió que la falta de personal, equipo y seguridad perimetral habría dejado a los agentes en una situación de extrema vulnerabilidad en el momento en que decidieron o fueron llevados a cruzar ese umbral. Lo que encontraron adentro no les dio oportunidad de retroceder.
Las revelaciones del portavoz multiplican las preguntas que la Secretaría de Seguridad tendrá que responder ante el país. ¿Quién tomó la decisión de desviar la misión de Colón a Corinto? ¿Actuaron los agentes por iniciativa propia o siguiendo instrucciones verbales de algún mando no registrado? ¿Existía inteligencia previa sobre el nivel de armamento del grupo criminal en esa vivienda? ¿Por qué cinco agentes sin respaldo judicial ni perimetral ingresaron a una propiedad vinculada a una de las estructuras criminales más peligrosas que operan en la frontera con Guatemala?
La suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la Dipampco, anunciada horas después de confirmadas las muertes, sugiere que la institución ya tenía respuestas preliminares a algunas de esas preguntas. Lo que no ha explicado es cómo fue posible que cinco agentes salieran registrados con un destino, terminaran en otro, ejecutaran una acción para la que no tenían autorización y nadie en la cadena de mando lo detectara a tiempo.
Dos documentos uno burocrático, uno forense definen ahora el perímetro de este caso. El libro de salida de la oficina en Tegucigalpa que los registró rumbo a Colón, y los cinco cuerpos hallados en zona montañosa de Omoa, desmembrados y quemados, que señalan la respuesta que recibieron de la estructura criminal que encontraron. Entre esos dos documentos hay una serie de decisiones, desvíos y omisiones institucionales que la investigación en curso tendrá que reconstruir con precisión.
Las familias del subcomisario Lester Josué Amador Herrera y de los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez merecen esa reconstrucción completa. No una versión parcial que proteja mandos. La verdad de por qué sus hijos, esposos y padres amanecieron ese jueves en el lugar equivocado, sin respaldo y sin regreso.
