Una gran marcha silenciosa recorrió este miércoles la ciudad de Santiago de Veraguas, en el occidente de Panamá, en señal de duelo por los dos manifestantes muertos la víspera en un tiroteo cuando bloqueaban una vía para protestar en contra de un cuestionado contrato minero.
«Con la muerte de estos dos compañeros, no nos interesa si son educadores (porque) son panameños, hijos de la patria que salieron a defenderla y murieron», dijo a EFE Luis Arturo Sánchez, secretario general Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), uno de los gremios más poderosos del sector docente y que tiene su bastión en Veraguas.
El martes en un bloqueo en la vía Panamericana en el sector de Chame, unos 90 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá, un panameño de 77 años de supuesto origen estadounidense discutió durante varios minutos con los manifestantes, un pequeño grupo de docentes, y disparó contra dos de ellos, según presenció EFE.
Los dos heridos fallecieron, uno en el lugar de los hechos y otro camino al hospital, mientras que el atacante fue detenido de inmediato por la Policía.
Este miércoles, en Santiago, la capital del provincia de Veraguas situada a unos 300 kilómetros de la capital panameña, y otras localidades panameñas según los gremios, miles de profesores e indígenas vestidos de negro y con banderas de Panamá recorrieron las calles en silencio en señal de luto por la tragedia del martes.
«Panamá, ahora más que nunca debes estar más unido porque no podemos permitir más que se esté derramando sangre en este país para defender a una transnacional (…) la culpa no es de los cierres», agregó Sánchez, quien animó a la población a «salir a las calles» para «defender este país unido».
El líder gremial señal que «los educadores de este país, históricamente, han dado el pellejo y la vida por defender esta patria y nuestras conquistas, y no solamente en temas educativos».
Los educadores mantienen desde hace dos semanas un paro de labores que afecta a más de 800.000 alumnos, según cifras del Ministerio de Educación, que pidió, sin éxito, la reanudación de las clases desde el pasado lunes.
El rechazo al contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, aprobado el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo y que renovó por 20 años prorrogables la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, generó la semana pasada las mayores protestas pacíficas en décadas en Panamá.
Desde el 23 de octubre pasado se mantienen bloqueos de vías que han provocado desabastecimiento de alimentos frescos, gas y combustibles en algunos centros urbanos pero principalmente en Chiriquí, provincia fronteriza con Costa Rica y una de las más alejadas de la capital.
Como vía de escape a esta crisis, el Gobierno y el Parlamento aprobaron una moratoria minera, una de las exigencias de las manifestaciones, pero los diputados desistieron de derogar el polémico contrato por la vía parlamentaria, como exigen los gremios, dejando así en el futuro de ese pacto minero en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El Supremo panameño ha admitido varias demandas de inconstitucionalidad contra el nuevo contrato ley, y diversos grupos sociales le exigen que se pronuncie pronto.
Ya la Corte Suprema declaró inconstitucional, en el 2017, el anterior contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, más de 8 años después de que en 2009 se presentara un recurso en ese sentido.
EFE
