La disputa institucional en el Consejo Nacional Electoral (CNE) escaló este miércoles después de que uno de los investigadores privados que validó los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa admitiera públicamente que el peritaje fue contratado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), el mismo instituto político que impulsa las denuncias contra la consejera Cossette López.
La revelación ocurrió durante la presentación de los supuestos expertos internacionales convocados para respaldar la autenticidad de las grabaciones. Ante una pregunta, uno de ellos respondió: “A nosotros nos contrata el Partido Libertad y Refundación”, confirmando así la relación contractual.
El investigador también señaló que su análisis se basó en un “experticio técnico” de carácter privado y que los audios fueron entregados de manera informal, sin la intervención de una autoridad judicial.
El reconocimiento generó nuevas dudas sobre la independencia del procedimiento y sobre la validez del material divulgado por Ochoa la semana pasada.
El abogado Dagoberto Aspra, representante legal de la consejera López, calificó la presentación como “un circo” y sostuvo que el peritaje no tiene “ningún valor jurídico”. Aspra afirmó que los investigadores no cuentan con investidura oficial, no fueron juramentados por un juez y tampoco siguieron protocolos de cadena de custodia.
“No podemos hablar de prueba cuando ni siquiera se nos ha permitido acceder al audio original”, añadió.
Aspra también cuestionó al fiscal general, Johel Zelaya, por exponer las grabaciones en conferencia de prensa sin el debido resguardo legal, lo que —según dijo— compromete cualquier investigación derivada del material.
