OLANCHITO, Yoro — La pregunta que nadie en el Instituto de Conservación Forestal (ICF) quiere responder en público es también la más sencilla: ¿por qué una comunidad indígena se opone a que el Estado proteja legalmente el bosque del que depende su supervivencia? La respuesta, según confirmaron a El Comejamo especialistas e involucrados directos en el proceso, no tiene nada que ver con el refugio en sí. Tiene que ver con todo lo que el Estado hondureño no ha hecho antes de pedirles que firmen.
La Tribu Tolupán de Agalteca, asentada al pie del cerro Pacura, a apenas dos kilómetros al norte de Olanchito, mantiene suspendida su participación en el proceso de consulta que el ICF necesita completar para poder enviar al Congreso Nacional el decreto legislativo que convertiría a 24,227 hectáreas de la Cordillera Nombre de Dios en el Refugio de Vida Silvestre “La Danta”.
Sin esa consulta, el perfil del proyecto no puede concluirse. Sin el perfil concluido, no hay decreto que enviar al Legislativo. La declaratoria, en los hechos, está empantanada.
La paradoja es brutal en su contraste. Durante décadas, los bosques de la montaña Nombre de Dios fueron sometidos a una deforestación sistemática que diezmó tanto la cobertura forestal como la fauna que dependía de ella. Pero en los últimos meses, el equipo de la organización internacional Re:Wild documentó en las microcuencas Uchapa-Pimienta la misma zona que abastece de agua potable a la ciudad de Olanchito la presencia de jaguares, dantos y otras especies en peligro de extinción que habían estado prácticamente ausentes del registro biológico de la región.
El hallazgo llegó de la mano de un proceso que el propio ICF describió en sus redes sociales como un esfuerzo ya avanzado en más del 60%, respaldado financieramente por Re:Wild, la fundación creada por el actor estadounidense Leonardo DiCaprio.
El alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina, agradeció públicamente ese respaldo, señalando que permitiría “ampliar los límites de conservación de la microcuenca Uchapa-Pimienta” mediante una declaratoria de mayor alcance territorial.
Las cámaras trampa, en otras palabras, ya están confirmando que la conservación funciona. Lo que no está funcionando es el proceso legal para blindarla.
Para entender por qué la Tribu de Agalteca frena el proceso, hay que entender primero algo que el ICF rara vez menciona en sus comunicados: la relación entre el pueblo Tolupán y el Estado hondureño en materia de tierras lleva décadas marcada por promesas incumplidas, despojos documentados y un patrón de explotación forestal que ha costado vidas en otras comunidades de la misma etnia en el departamento de Yoro.
En Agalteca, la comunidad enfrenta una falta de reconocimiento de su título ancestral sobre la tierra que habita, un vacío legal que ha sido aprovechado por personas ajenas a la tribu para medir y titular terrenos que les pertenecen históricamente.
El Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto de la Propiedad (IP) han entregado títulos a particulares sobre al menos cinco predios dentro de ese territorio, en un proceso que la comunidad describe como una usurpación sistemática que avanza sin su conocimiento ni consentimiento. Incluso varias colonias del municipio de Olanchito se asientan, sin saberlo, dentro de los límites del territorio tolupán de Agalteca, una superposición que ilustra hasta qué punto el Estado ha sido incapaz de definir con claridad dónde empieza y dónde termina la tierra de la tribu.
Ese antecedente no es exclusivo de Agalteca. Es el patrón que se repite, con variaciones, en cada territorio tolupán del departamento de Yoro. En la tribu de San Francisco de Locomapa, autoridades del propio ICF autorizaron en 2009 el corte de más de 7,000 árboles de pino sobre 201 hectáreas de territorio indígena sin realizar la consulta previa, libre, informada y de buena fe que exige la ley, despojando a la comunidad de su derecho a decidir sobre su propio bosque.
Esa misma tribu ha documentado 40 asesinatos de indígenas tolupanes en los últimos veinte años, vinculados en buena medida a la disputa por el control de sus recursos forestales frente a empresas madereras que operan con la anuencia de autoridades locales.
En la Tribu Tolupán de las Vegas de Tepemechín, la demanda central de la comunidad ha sido, durante años, el reconocimiento pleno del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Consulta Libre, Previa e Informada, exigiendo que cualquier decisión sobre su territorio tenga carácter vinculante y no meramente consultivo.
Esa exigencia que el consentimiento indígena sea una condición real y no un trámite de cara a la galería es, según fuentes consultadas por este medio, el núcleo exacto del conflicto que hoy frena a “La Danta”.
Especialistas e involucrados directos en el proceso de declaratoria de “La Danta”, consultados por El Comejamo, fueron categóricos: la suspensión de la participación de la tribu no responde a una negativa de fondo hacia la conservación del bosque, sino a la falta de un instrumento técnico específico una encuesta o levantamiento de información comunitaria que el ICF aún no ha realizado, y que la comunidad se niega a continuar el proceso sin que se complete primero.
En el lenguaje técnico de los procesos de consulta indígena, ese instrumento es el que permite documentar de forma rigurosa cuántas familias viven dentro o en los límites del área propuesta, qué uso hacen de la tierra, qué actividades de subsistencia dependen de los recursos del bosque y, sobre todo, qué garantías legales tendrán sobre sus propias parcelas una vez que el territorio adquiera la categoría de refugio de vida silvestre.
Sin ese diagnóstico, la tribu argumenta que no tiene forma de evaluar con seriedad si la declaratoria protegerá sus derechos o los pondrá en riesgo, como ha ocurrido en otros territorios tolupanes del mismo departamento.
Es una desconfianza forjada en la experiencia, no en la ignorancia. La comunidad de Agalteca ha visto, en los territorios indígenas vecinos, cómo declaratorias y permisos administrativos terminaron favoreciendo a terceros madereras, mineras, ganaderos mientras las comunidades originarias quedaban atrapadas en procesos legales para defender lo que siempre fue suyo.
El resultado de este impasse es un expediente técnico congelado en una fase intermedia. El perfil del proyecto de declaratoria el documento que reúne la justificación técnica, ambiental, social y legal necesaria para que el ICF pueda enviarlo al Congreso Nacional como propuesta de decreto legislativo no puede darse por concluido mientras la consulta a la población indígena permanezca suspendida. Y sin perfil concluido, no existe decreto que presentar, ni fecha posible para una votación legislativa.
Es la misma razón estructural, aunque distinta en sus particularidades, que ya documentó El Comejamo en la primera entrega de esta serie: dos años después del aviso oficial de pretensión de declaratoria publicado por el ICF en 2024, “La Danta” sigue sin decreto. La diferencia es que ahora se conoce con mayor precisión dónde está el nudo que nadie ha logrado desatar.
La ironía final de este conflicto es que ninguna de las partes disputa el objetivo de fondo. El ICF quiere proteger el bosque. Re:Wild y Fundación Panthera quieren proteger el bosque. El alcalde de Olanchito quiere proteger el bosque. Y la Tribu Tolupán de Agalteca, que ha vivido durante generaciones de ese mismo bosque, también quiere protegerlo pero no a costa de repetir la historia que ya vivieron sus comunidades hermanas en Locomapa y Tepemechín, donde la promesa de conservación terminó, en los hechos, sirviendo a intereses ajenos a la tribu.
Mientras el Estado hondureño no logre construir la confianza necesaria para completar una simple encuesta comunitaria, los jaguares y los dantos que las cámaras trampa están volviendo a captar en Uchapa-Pimienta seguirán existiendo en un limbo legal: protegidos por la atención internacional y por la vigilancia informal de la propia comunidad indígena, pero sin el blindaje permanente que solo un decreto del Congreso Nacional puede ofrecerles.
El Comejamo intentará contactar en los próximos días a representantes del Consejo Directivo de la Tribu de Agalteca y a funcionarios del ICF para que expliquen, en sus propias palabras, los términos exactos de la consulta pendiente. Esta investigación continuará en una tercera entrega.
