La Ceiba, Atlántida. Honduras Próspera Inc. reactivó su apuesta por desarrollar el denominado Puerto de Satuyé, un ambicioso proyecto industrial y logístico en la comunidad de Boca Vieja, La Ceiba, con el objetivo de posicionar la costa norte de Honduras como un nuevo centro de manufactura orientado al nearshoring.
Sin embargo, la iniciativa continúa enfrentando fuertes cuestionamientos debido a la situación jurídica del régimen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), declarado inconstitucional en Honduras, así como a reclamos de comunidades garífunas por la falta de consulta previa.
El proyecto fue incorporado al régimen de la ZEDE Próspera el 18 de marzo de 2021 mediante un acuerdo entre la empresa Satuyé S.A. y Honduras Próspera. Desde entonces, la iniciativa ha sido presentada como un desarrollo industrial y urbano de gran escala, diseñado para atraer inversiones manufactureras internacionales que buscan acercar su producción al mercado estadounidense y reducir la dependencia de las cadenas de suministro asiáticas.
Según información divulgada por la propia empresa, el plan maestro contempla un complejo con capacidad para albergar más de 100,000 trabajadores y alrededor de 50,000 residentes, con infraestructura orientada a la actividad industrial y logística.
El diseño fue elaborado por la firma internacional Jacobs Engineering, aunque hasta la fecha no se han divulgado públicamente detalles técnicos sobre el puerto, como el tipo de embarcaciones que atenderá, el calado proyectado o el monto total de la inversión.
Honduras Próspera sostiene que el proyecto permitirá recuperar el papel histórico de La Ceiba como centro industrial del país, impulsando la llegada de empresas extranjeras mediante un esquema que promete procesos administrativos ágiles, reducción de costos de instalación y condiciones laborales diferenciadas dentro del régimen especial.
No obstante, el desarrollo permanece rodeado de controversia. Organizaciones garífunas han denunciado que la incorporación de los terrenos al régimen ZEDE se realizó sin un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, como establecen instrumentos internacionales para proyectos que puedan afectar territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes.
Asimismo, ambientalistas han solicitado mayor transparencia sobre los posibles impactos ecológicos que una obra de esta magnitud podría generar en la zona costera.
La incertidumbre jurídica también sigue marcando el futuro del proyecto. Aunque el Congreso Nacional derogó la legislación que dio origen a las ZEDE y la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional ese régimen, Honduras Próspera mantiene que conserva derechos adquiridos y actualmente sostiene un arbitraje internacional contra el Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Por su parte, el alcalde de La Ceiba, Bader Dip, ha reconocido conversaciones con representantes de Honduras Próspera, aunque ha manifestado que cualquier acercamiento institucional dependerá del retiro de la demanda internacional presentada por la empresa contra el Estado hondureño.
Mientras tanto, el Puerto de Satuyé continúa siendo uno de los proyectos de inversión privada más polémicos de los últimos años en Honduras, al representar, para sus promotores, una oportunidad para dinamizar la economía nacional y atraer capital extranjero, y para sus críticos, un símbolo del conflicto entre el desarrollo económico, la soberanía territorial, la protección ambiental y los derechos de las comunidades locales.
