Trujillo, Colón. — El gestor de inversiones extranjeras Magdiel López advirtió que la inseguridad jurídica y la falta de apoyo institucional están frenando proyectos turísticos y ahuyentando capital en el litoral atlántico.
En declaraciones a medios locales, señaló que inversionistas —incluido un grupo de la India con interés en un proyecto turístico “de gran escala”— han detenido planes ante la ausencia de garantías y acompañamiento estatal.
“En Honduras no hay seguridad jurídica, no hay apoyo para los inversionistas. Hay un grupo de la India con un proyecto turístico enorme y no lo pueden desarrollar porque no hay respaldo en el país”, afirmó.
López aseguró que los municipios de Santa Fe, Balfate y Trujillo podrían “desaparecer del mapa turístico” si no se atienden con urgencia los conflictos de tierra e invasiones denunciadas por empresarios y autoridades locales.
A su juicio, estos problemas se suman al riesgo por crimen organizado y a la percepción de que “al inversionista lo miran como enemigo”, a pesar de que “viene a arriesgar su capital y a generar empleos”.
“Este gobierno dice que traerá más inversión; pero la poca que hay se está yendo. Doce proyectos se retiraron recientemente entre Santa Fe y Trujillo”, señaló, sin ofrecer de momento un detalle público de los casos.
Sobre el plan de construir un muelle de cruceros en la zona, López afirmó que “ya es historia”, y que ahora “se habla de un supermercado” en el predio originalmente destinado al puerto. Según explicó, el diseño inicial contemplaba que, tras 25 años de operación privada, la infraestructura pasara a manos del municipio.
El departamento de Colón sostiene parte de su economía en la cadena turística (playas, comunidades garífunas, ecolodges y pesca deportiva), además de actividades agroindustriales.
En los últimos meses, cámaras de comercio y actores locales han demandado mayor seguridad jurídica, resolución de conflictos de tierra y tramitología clara para inversiones costeras, a la vez que las alcaldías trabajan en ordenamiento territorial y permisos ambientales.
Mientras tanto, organizaciones civiles han pedido equilibrio entre la promoción de inversiones, la protección de comunidades y el respeto a la normativa ambiental, para evitar conflictos y asegurar beneficios locales.
