La Fiscalía General y la Policía Nacional confirmaron la captura de tres hombres acusados de “planear un atentado” contra el expresidente Manuel “Mel” Zelaya y un posible “golpe de Estado” contra la presidenta Xiomara Castro.
El Ministerio Público sostiene que los detenidos tenían como objetivo desestabilizar el orden constitucional e impedir la realización de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.
Los tres capturados son:
• Arcadio Corrales Estrada, de 64 años, electromecánico residente en Tegucigalpa.
• Perfecto Jesús Enamorado Paz, de 69 años, comerciante originario de Comayagua.
• Antonio David Kattán Rivera, de 53 años, comerciante de San Pedro Sula.
Las autoridades indicaron que los detenidos serán imputados por terrorismo y tentativa de asesinato. Como parte del material probatorio, presentaron audios en los que supuestamente los implicados expresan con lenguaje extremo su intención de asesinar a Zelaya.
Una de las frases vertidas en estas grabaciones fue:
“todo se arregla matando a ese hijo de la gran puta de Mel Zelaya, hay que matarlo”, los audios pareciera que fueron sacados de grupos de chat donde son muy comunes en contra de la clase política debido a la frustración de los hondureños por los escándalos de corrupción en la malversación de fondos públicos y otros.
El fiscal general Johel Zelaya advirtió que el supuesto plan implicaba también paralizar el Estado y sabotear la contienda electoral, describiendo los hechos como parte de una conspiración con fines criminales que ponen en riesgo la paz y la democracia del país.
Manuel Zelaya reaccionó al anuncio desde su cuenta en X, interpretando los audios como una evidencia de que “sectores oscuros” buscan sabotear nuevamente la democracia hondureña, recordando que tras el golpe de Estado de 2009 su vida ya estuvo en peligro.
Afirmó también que su protección está asegurada “por el pueblo y la sangre de Cristo”.
El Código Penal hondureño, en su Artículo 335, tipifica el delito de terrorismo, estableciendo penas de 15 a 20 años de prisión para promotores o directivos, y de 10 a 15 años para simples integrantes, diferenciándose de delitos como sedición o rebelión.
Los detenidos fueron enviados este jueves a la cárcel de Támara, y se programó su audiencia inicial para el lunes 18 de agosto, donde se evacuarán los medios de prueba.
