Este jueves, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, lanzó una severa advertencia sobre la concentración de poder en el país, centrada en manos de tres familias prominentes. Durante un conversatorio organizado por el Ejército Ciudadano de Paz sobre nepotismo en el gobierno, Castellanos destacó la significativa influencia de estas familias en la política nacional, un fenómeno que pone en peligro la institucionalidad del país.
Según el CNA, una de estas familias es la del asesor presidencial Enrique Flores Lanza, cuya esposa ocupa un puesto de magistrada en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mientras sus hijas trabajan en la Casa Presidencial y en la Procuraduría General de la República. La segunda familia identificada es la de la pareja presidencial, Xiomara Castro y Manuel Zelaya, y la tercera es la de Rixi Moncada, actual precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación.
Castellanos expresó su preocupación por el deterioro de las instituciones, señalando que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Congreso Nacional parecen estar al servicio de la Casa Presidencial. Este patrón de poder refleja una sociedad que ha dejado de valorar la solidaridad y la honestidad, enfocándose más en el bienestar personal y familiar por encima del colectivo.
La directora del CNA también compartió sus experiencias de restricciones al intentar acceder a información en el Congreso Nacional. Según Castellanos, se le negó la entrada y se le informó que toda solicitud debía llevar la firma del presidente del Congreso, lo cual evidencia un control excesivo y opaco de la información.
La situación en Honduras, según Castellanos, exige una respuesta activa de la ciudadanía en defensa de la transparencia y la equidad en la gobernanza del país. La directora del CNA instó a los hondureños a tomar un papel más activo en la vigilancia y demanda de un gobierno más justo y equitativo, subrayando que solo a través de la participación ciudadana se puede combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad en Honduras.
