Las Fuerzas Armadas de Honduras, una institución que durante décadas gozó de la confianza del pueblo, hoy enfrentan su mayor crisis de credibilidad. Lo sucedido en las elecciones primarias del 9 de marzo no solo evidenció fallas logísticas, sino que dejó al descubierto una preocupante politización dentro de sus filas.
El retraso en la entrega del material electoral en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula, ha generado sospechas de un intento deliberado por afectar la participación ciudadana. Testimonios de transportistas han revelado presuntas irregularidades y órdenes contradictorias, lo que ha llevado a que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) abran investigaciones sobre el papel de las Fuerzas Armadas en este proceso.
El general Roosevelt Hernández, al frente del Estado Mayor Conjunto, ha evadido responsabilidades, asegurando que la situación fue resultado de una mala planificación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sin embargo, expertos han señalado que la Constitución establece claramente que el resguardo y la distribución del material electoral es exclusiva responsabilidad de las Fuerzas Armadas, lo que deja pocas excusas para justificar el caos vivido en la jornada electoral.
Además, la cercanía entre el Gobierno de Libre y la cúpula militar ha avivado los temores de que la institución esté siendo utilizada con fines políticos. La llegada de Rixi Moncada como ministra de Defensa en plena campaña preelectoral solo ha incrementado las sospechas sobre un intento de manipulación del proceso electoral desde dentro.
A pesar de los intentos de minimizar la crisis, la indignación de la ciudadanía y de sectores políticos no ha cesado. En el pasado, las Fuerzas Armadas fueron un pilar de estabilidad en Honduras, pero hoy, su imagen está seriamente dañada.
La pregunta es clara: ¿puede la democracia hondureña confiar en unas Fuerzas Armadas que parecen responder más a intereses políticos que al mandato constitucional? La respuesta dependerá de si las investigaciones en curso arrojan luz sobre lo sucedido y si los responsables rinden cuentas. De lo contrario, esta crisis solo será el inicio de un deterioro aún mayor en la confianza de la ciudadanía hacia una institución que, alguna vez, fue sinónimo de honor y patriotismo.