Washington, D.C. – La Corte Federal del Distrito Norte de California decidió suspender este jueves la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos hondureños, medida que había sido anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos el pasado 7 de julio.
Esta decisión, aunque temporal, representa un respiro legal y emocional para más de 55 mil hondureños que han vivido y trabajado en EE. UU. desde 1999, cuando el TPS fue otorgado tras la devastación provocada por el huracán Mitch. El beneficio ha sido renovado de forma periódica desde entonces.
La resolución judicial establece que el estatus actual se mantendrá vigente hasta al menos el 18 de noviembre de 2025, fecha en la que se celebrará una audiencia clave para determinar el futuro de esta protección migratoria. La Corte consideró que los demandantes —agrupados en la Alianza Nacional del TPS— tienen derecho a “vivir con libertad y sin temor” mientras el litigio esté en curso.
La demanda presentada por esta organización busca impugnar la decisión de cancelación tomada por la administración Trump y mantenida por la actual. El martes pasado, representantes legales de los beneficiarios comparecieron ante un juez en San Francisco, quien pidió 48 horas para emitir un fallo.
El TPS, creado en 1990 bajo la presidencia de George H. W. Bush, es una herramienta migratoria que permite a ciudadanos de países afectados por guerras, epidemias o desastres naturales residir y trabajar legalmente en EE. UU. En el caso de Honduras, fue activado en 1998 durante el mandato de Bill Clinton como medida de apoyo humanitario.
Actualmente, la cancelación sigue siendo una amenaza latente, y si no se revierte de forma definitiva, los beneficiarios tendrán 60 días para acogerse a otro estatus migratorio o enfrentar la posibilidad de deportación.
La Alianza Nacional del TPS ha llamado a los hondureños amparados a sumarse a su organización para fortalecer las acciones de defensa y abogar por una extensión o regularización permanente. “Esta batalla legal sigue abierta y lo que está en juego son las vidas y los derechos de miles de familias que han echado raíces en este país durante más de dos décadas”, señalaron en un comunicado.
