Tegucigalpa, Honduras | El Gobierno de Honduras anunció este viernes la revocatoria de la denuncia del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, una decisión que, según el Poder Ejecutivo, se adopta en estricto apego a la Constitución de la República y como una señal del compromiso del país en la lucha contra el narcotráfico, en medio de un tenso cierre de gestión y una profunda crisis política.
En un pronunciamiento oficial, la presidenta Xiomara Castro informó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores para notificar al Gobierno estadounidense, por medio de su representación diplomática en Tegucigalpa, la decisión de dejar sin valor ni efecto las notas verbales del 28 de agosto de 2024, identificadas como 111-DGAJTC-2025 y 112-DGAJTC-2025, mediante las cuales se había denunciado el tratado.
La mandataria explicó que la denuncia original del acuerdo de extradición se produjo tras amenazas dirigidas contra el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, quien actualmente se desempeña como ministro de Defensa.
No obstante, afirmó que la revocatoria responde a una evaluación institucional y a la voluntad del Estado de mantener la cooperación internacional en materia de seguridad.
Castro sostuvo que el compromiso de su gobierno contra el narcotráfico “está demostrado con hechos, cifras y resultados”, al destacar la extradición de más de 52 personas vinculadas a redes del crimen organizado durante su administración.
En ese contexto, aseguró que retirar la denuncia del tratado constituye una “prueba clara” de la decisión política de continuar cooperando de manera firme y frontal con Estados Unidos.
Sin embargo, la presidenta también lanzó una crítica directa al Gobierno estadounidense, al calificar como una “grave contradicción” el indulto otorgado a Juan Orlando Hernández, condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.
Según expresó, decisiones de ese tipo debilitan los esfuerzos conjuntos para combatir un fenómeno que afecta tanto a la sociedad estadounidense como a los países de la región.
El anuncio marca un giro relevante en la relación bilateral en materia de cooperación judicial y de seguridad, y se produce a 17 días de que Castro deje el poder, cuando el presidente electo Nasry Asfura ya había adelantado que, al asumir el cargo, reafirmará el tratado de extradición con Estados Unidos, dejando en manos del nuevo gobierno la resolución definitiva del tema.
La decisión también ocurre en un contexto político particularmente delicado. Horas antes del anuncio, la presidenta sancionó un decreto legislativo aprobado por un grupo de diputados oficialistas, el cual ha sido calificado por sectores opositores y analistas como un quebrantamiento del orden democrático, al desconocer los resultados electorales y ordenar un nuevo conteo de votos, una medida que ha encendido las alarmas sobre la alternabilidad en el poder.
