La exdiputada liberal Maribel Espinoza advirtió que el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen una “obligación histórica” de exigir desde el Congreso Nacional y ante el Fiscal General el enjuiciamiento de todos los funcionarios que hayan violentado la Constitución de la República, al considerar que la falta de sanciones ha profundizado la crisis institucional en el país.
En un pronunciamiento dirigido tanto a la bancada liberal como al pueblo hondureño, Espinoza aseguró que mientras no existan sentencias ejemplares contra el abuso de poder y la corrupción, Honduras continuará enfrentando un debilitamiento progresivo del Estado de derecho.
“Mientras no haya condenas reales contra quienes infraccionan la Constitución, Honduras va rumbo al colapso del Estado de derecho”, afirmó la exparlamentaria, quien además subrayó que los partidos tradicionales no pueden seguir tolerando acuerdos de impunidad con el partido Libertad y Refundación (Libre).
Espinoza sostuvo que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal están en el deber de promover juicios políticos contra funcionarios, incluidos diputados y magistrados, por actos contrarios a la ley, mencionando de forma directa a los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que permitieron la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, a quienes calificó como responsables de una grave ruptura del orden constitucional.
“Si esos hechos no se castigan, los politiqueros no van a escarmentar y van a seguir destruyendo la República”, recalcó.
Asimismo, advirtió que los acontecimientos políticos registrados en noviembre y marzo de 2025 son sumamente graves, señalando que atentaron contra la alternancia en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Finalmente, reiteró que si no se actúa contra los responsables se trataría de otra complicidad política y un nuevo acto de corrupción. “No voy a aceptar politiquerías. Si no hacen lo correcto, lo voy a denunciar”, concluyó.
Por su parte, la designada presidencial María Antonieta Mejía defendió su postura a favor de un eventual juicio político contra el Fiscal General, aunque aclaró que no cuenta con la potestad para impulsarlo directamente, ya que dicha atribución corresponde al pleno del Poder Legislativo.
“Me encantaría que en Honduras los cálculos políticos desaparecieran y dejáramos un precedente para fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho, y eso parte de dejar precedentes de todas aquellas actuaciones al margen de la ley y de utilizar las plataformas para persecución política y abuso del poder”, expresó.
Mejía insistió en que no se pueden dejar pasar por alto las actuaciones del fiscal Johel Zelaya, señalando que debería ser sometido a juicio político por presunta negligencia e incapacidad en el ejercicio de sus funciones.
Entre los señalamientos, indicó que el titular del Ministerio Público habría violentado el Estado de derecho y la presunción de inocencia, además de actuar contra la normativa interna de la institución, retirando facultades al director de fiscales y tomando decisiones de manera unilateral.
Consultada sobre versiones que indican que agencias internacionales habrían decidido limitar su cooperación con el Ministerio Público mientras Johel Zelaya continúe en el cargo, la vicepresidenta manifestó desconocer ese extremo, aunque afirmó que entendería tal decisión ante lo que calificó como actuaciones al margen de la ley.
“No existe objetividad en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus funciones, entonces por ende no cuenta con la credibilidad de estas instancias”, puntualizó.
