TEGUCIGALPA, Honduras.— Ciento veintinueve hondureños regresan a su país cada día. Sin trabajo, muchas veces sin familia que los espere, y hasta ahora sin la posibilidad de traer consigo el poco patrimonio que construyeron en años de trabajo fuera del país. El Congreso Nacional cambió esa realidad con una ley aprobada por unanimidad que convierte el retorno en algo que Honduras nunca había garantizado formalmente: un regreso con dignidad.
La Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias exonera de todos los aranceles, tasas e impuestos de importación a los hondureños que regresen al país — ya sea deportados, con visa vencida o de forma voluntaria — permitiéndoles traer sus muebles, electrodomésticos, herramientas de trabajo y vehículos sin pagar un solo lempira en aduana.
Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), más de 15,449 hondureños han sido retornados o deportados en los primeros 120 días de 2026, un promedio de 129 personas diarias. La mayoría proviene de Estados Unidos, seguido de México y Guatemala.
Al menos 11,621 migrantes hondureños fueron deportados entre enero y marzo de 2026 según cifras del Instituto Nacional de Migración, lo que representa un aumento del 19.8% con relación al mismo período de 2025 — 1,920 deportaciones más que los 9,701 registrados en los mismos meses del año anterior.
Esa aceleración tiene un nombre: la política migratoria de la administración Trump, que desde enero de 2025 endureció las deportaciones masivas desde Estados Unidos hacia Centroamérica. Honduras recibe ese flujo todos los días — y hasta ayer, lo recibía sin una ley específica que protegiera el patrimonio de quienes llegan.
El beneficio de exoneración establece techos financieros claros para evitar abusos y garantizar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan. El límite para la importación de menaje de casa — muebles y electrodomésticos — es de 150,000 dólares. Para las herramientas y equipos de trabajo necesarios para emprender un oficio en Honduras, el monto exonerado asciende a 100,000 dólares.
Adicionalmente, cada grupo familiar podrá importar un vehículo de uso particular y uno de trabajo libres de aranceles, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del retorno al país.
La ley excluye expresamente artículos peligrosos — armas, municiones, sustancias prohibidas — y bienes de lujo que no correspondan a un perfil de reintegración económica.
“Cuando por razones de políticas migratorias buscan nuevamente regresar, puedan traer todo el menaje de sus hogares y se les pueda exonerar de impuestos tanto para el menaje de su casa como para sus herramientas de trabajo”, explicó Lenin Valeriano, presidente de la Comisión de Migración del Congreso.
Uno de los elementos más innovadores de la ley es la creación de la Ventanilla Única de Retorno (VUR), una plataforma digital que centralizará todos los trámites que hoy obligan a los retornados a recorrer múltiples instituciones.
La VUR integrará en una sola plataforma a la Administración de Aduanas, la Secretaría de Finanzas, el Instituto Nacional de Migración y el Instituto de la Propiedad. La ley entrará en vigencia una vez sea publicada en el diario oficial La Gaceta, momento a partir del cual las instituciones involucradas tendrán un plazo de 90 días para operativizar la ventanilla y los reglamentos de control.
Era precisamente la burocracia — no solo los aranceles — lo que disuadía a los retornados de traer sus bienes. “Estamos buscando que estos hondureños que regresen al país puedan traer todos sus bienes de forma gratis, sin pagar ningún tributo aduanero para que no les toque empezar de cero”, señaló la diputada Sara Zavala, una de las impulsoras de la iniciativa.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, fue enfático al señalar que esta ley no es nueva en su origen — es una promesa incumplida que finalmente se cumple. La iniciativa había sido presentada en el período legislativo anterior y fue archivada sin debate ni votación por el gobierno del Partido Libre.
“No es solo una ley más, es un paso de justicia para quienes han construido su vida fuera y merecen volver con dignidad y seguridad”, afirmó la diputada Zavala, quien recalcó que la normativa representa una respuesta concreta a miles de hondureños que emigraron en busca de oportunidades y hoy enfrentan el reto del retorno, muchas veces de forma involuntaria.
La aprobación por las cinco bancadas del Congreso — sin un solo voto en contra — es la señal más clara de que en Honduras el tema migratorio ha dejado de ser un asunto partidario para convertirse en una prioridad nacional transversal.
