TRUJILLO, Colón.— El Valle del Aguán amaneció este jueves sumido en el duelo y el miedo tras la confirmación oficial de las identidades de las 19 personas asesinadas en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, una masacre que expone nuevamente la violencia estructural, el conflicto agrario y el poder de grupos armados en una de las regiones más convulsas de Honduras.
Las víctimas incluyen menores de edad, mujeres y trabajadores vinculados a las plantaciones de palma africana, muchos de ellos sorprendidos mientras se preparaban para iniciar sus labores en una finca de la zona. El crimen, considerado ya uno de los episodios más sangrientos registrados en los últimos años en el Caribe hondureño, ha generado conmoción nacional y reactivado el debate sobre la crisis de seguridad y territorialidad en el Bajo Aguán.
Según el informe oficial, los fallecidos fueron identificados como José Ramón Argueta Ventura, de 56 años; Gerson Adonay Ramos, de 16; Edgar Francisco Hernández Díaz, de 45; Santos Trinidad Díaz, de 46; Elder Oveniel Esquivel García, de 18; Martín Ramos Mendoza, de 61; Wilmer Vidal Suchite García, de 24; Elmer Marín Suchite García, de 23; Kevin Gustavo Cárcamo Canales, de 24; Cristian Eduardo Galdames Núñez, de 22; Carlos Joel Díaz Pineda, de 14; José Eduardo Miranda Matute, de 14; Santos Augusto Zelaya Martínez, de 58; Mirza Jacqueline Rodríguez Perdomo, de 33; Miriam Janeth Rodríguez, de 30; María Linda Rodríguez Dubón, de 28; Hilario Cardona Murillo, de 54; Edilson Gómez Euceda, de 30; y José Luis Mendoza Rivas, de 33 años.
Las autoridades confirmaron que varios de los cuerpos fueron retirados por familiares y vecinos antes de la llegada oficial de Medicina Forense, situación que dificultó parte de las investigaciones periciales.
El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, lamentó lo ocurrido y explicó que cuando las autoridades ingresaron a la comunidad únicamente encontraron rastros de sangre y evidencias balísticas en la escena. Posteriormente, fiscales, policías y miembros de las Fuerzas Armadas localizaron los sitios donde se realizaban velatorios improvisados para proceder legalmente con los levantamientos cadavéricos.
“Estamos frente a un acto terrorista ejecutado por estructuras criminales que operan desde hace años en esta región”, declaró Velásquez, quien vinculó la violencia a redes relacionadas con conflictos agrarios, narcotráfico, tráfico ilegal de armas y disputas por el control de plantaciones de palma africana.
Como respuesta, el Gobierno anunció la creación inmediata de una fuerza de tarea conjunta integrada por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, inteligencia militar y fiscales del Ministerio Público, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de la matanza.
La intervención también incluirá operaciones en propiedades bajo disputa en el Valle del Aguán, una región históricamente marcada por enfrentamientos entre grupos campesinos, terratenientes, organizaciones armadas y estructuras del crimen organizado.
El ministro advirtió que Colón enfrenta actualmente una “reconfiguración criminal” de grupos que durante años han mantenido control territorial en sectores rurales estratégicos. “El Estado tiene que recuperar la paz y la seguridad jurídica en esta zona”, afirmó.
