Olanchito, Yoro. – Doña Camila Pavón marcó el número de la cárcel de Támara cuando vio el nombre de su hijo en la lista de los más buscados de Honduras. Esperó. Al otro lado de la línea, Héctor respondió. Estaba en su celda. Donde ha estado desde el 23 de noviembre de 2023.
“Ahí me devolvió la vida”, dijo la madre. Pero el alivio duró poco, porque el nombre de su hijo sigue en esa lista, y la Policía Nacional lo señala como uno de los responsables del asesinato de cinco agentes de la Dipampco en Corinto, Omoa, un crimen que ocurrió el 21 de mayo de 2026, casi dos años y medio después de que Héctor Gustavo Martínez Pavón ingresara al sistema penitenciario hondureño.
La Policía Nacional confirmó que emitió una notificación azul de Interpol para localizar a los sospechosos vinculados al ataque contra los uniformados en la zona fronteriza con Guatemala. El nombre de Martínez Pavón, de 38 años, originario de la aldea El Agricultor en la jurisdicción de Olanchito, Yoro, figura entre los señalados.
Lo que las autoridades no han explicado públicamente es cómo un hombre que lleva recluido desde noviembre de 2023 pudo participar en una masacre de mayo de 2026.
“Temo por la vida de mi hijo. Temo que la policía me le vaya a hacer algo.” — Camila Pavón, madre de Héctor Gustavo Martínez Pavón
La señora Pavón relató que fue al enterarse de que su hijo aparecía en la lista de buscados que tomó el teléfono y llamó directamente al centro penal. Héctor contestó. Le confirmó que estaba en Támara. Le preguntó a dónde iba a ir. En esa respuesta breve estaba toda la ironía del caso: un hombre señalado internacionalmente por un crimen que ocurrió mientras guardaba prisión, respondiendo desde su celda que no tiene a dónde ir.
El caso plantea una pregunta que las autoridades están obligadas a responder con urgencia: ¿cómo llegó el nombre de un recluso al expediente de una investigación por hechos que ocurrieron durante su reclusión? Las posibilidades son varias y ninguna es menor.
Podría tratarse de un error de identidad, de una confusión entre personas con nombre o perfil similares, de información de inteligencia mal verificada, o de algo más grave: que el nombre haya sido incluido en la lista sin el cruce básico con los registros del sistema penitenciario.
Lo que resulta incuestionable, si los registros de Támara son correctos, es que Héctor Gustavo Martínez Pavón tiene una coartada que ningún tribunal del mundo podría ignorar: dos años y medio de privación de libertad documentada en una cárcel del Estado hondureño.
Doña Camila no pide que absuelvan a nadie. Pide que verifiquen. Pide que antes de que el nombre de su hijo siga circulando en alertas internacionales de Interpol, alguien en la Policía Nacional cruce ese nombre con el registro penitenciario que el propio gobierno administra. Pide, sobre todo, que la confusión no le cueste la vida a un hombre que ya está pagando una condena y que en ningún escenario posible pudo estar en Corinto el 21 de mayo.
