TEGUCIGALPA, Honduras — El programa “Hermana, Hermano Vuelve a Casa”, diseñado durante la administración de Xiomara Castro como la respuesta humanitaria del Estado a las deportaciones masivas desde Estados Unidos, acumula señales de irregularidades que van desde documentación inexistente hasta brechas entre los beneficiarios registrados y los fondos efectivamente ejecutados.
Lo que debió ser un escudo de protección para los más vulnerables se perfila como el nuevo expediente de corrupción de una gestión que ya enfrenta múltiples investigaciones por el manejo de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social.
La subdirectora ejecutiva del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE), Abeli Lozano, denunció en marzo de 2026 la detección de irregularidades en el manejo de los 50 millones de lempiras asignados al programa.
La funcionaria fue explícita: el proyecto fue declarado bajo emergencia con el objetivo de beneficiar a mil migrantes retornados mediante la entrega de 25,000 lempiras a cada uno, pero la ejecución alcanzó apenas el 79.9%, sin cubrir la cantidad estimada de beneficiarios. La confesión más inquietante llegó en la misma declaración: “la documentación no ha sido encontrada”, admitió Lozano, dejando sin respaldo probatorio millones de lempiras del erario público.
El Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras (OMIH) de la UNAH documentó que el Estado desembolsó 98.25 millones de lempiras entre febrero de 2025 y enero de 2026, reportando en teoría a 37,790 personas beneficiadas. Sin embargo, la cifra contrasta con las denuncias de quienes debían recibir el apoyo.
El migrante retornado René Guzmán denunció el congelamiento del bono alimenticio en octubre de 2025: al presentarse en las instalaciones de Banasupro a canjear su bono, simplemente no pudo y no recibió ninguna explicación. El expresidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah), Adalid Irías, confirmó que visitó varias tiendas de Banasupro en la capital y constató que el bono no se estaba canjeando.
La paradoja es cruel: el dinero figuraba como ejecutado en los reportes oficiales, pero los retornados se quedaban con las manos vacías ante las ventanillas del Estado.
El programa no operaba en el vacío. Estaba ejecutado bajo el paraguas de SEDESOL, la misma Secretaría que en junio de 2025 estalló en escándalo cuando una grabación evidenció el desvío de recursos del Fondo de Administración Solidaria hacia estructuras políticas del partido Libre.
El Tribunal Superior de Cuentas remitió al Ministerio Público un informe de 89 páginas que documentó una red de corrupción que “tomaba el dinero destinado a los beneficiarios y lo desviaba hacia estructuras políticas”. La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) denunció además el manejo irregular de más de 113 millones de lempiras en SEDESOL a través de diez convenios con una ONG, con hallazgos que incluyen 594 computadoras entregadas en oficinas gubernamentales sin un solo registro de beneficiarios finales.
Lo que emerge de las investigaciones es el retrato de una institución convertida sistemáticamente en caja sin trazabilidad. El mismo mecanismo que desvió fondos en Copán parece haberse replicado con los retornados: recursos declarados como ejecutados, beneficiarios que no recibieron nada, y documentación que desapareció junto con el gobierno que la generó.
Para líderes de la comunidad migrante, el programa lejos de beneficiar causó daños, porque la administración Castro trasladaba a los cooperantes internacionales la idea de que existían condiciones dignas de retorno, cuando la realidad en el terreno era radicalmente distinta.
Esa narrativa oficial de éxito sirvió para justificar ante Washington y organismos internacionales que Honduras tenía capacidad de recibir deportados masivos en un momento donde la presión migratoria del gobierno de Trump alcanzaba sus niveles más intensos mientras los retornados reales encontraban bonos congelados y ventanillas cerradas.
El programa concluye en abril de 2026 sin que exista evidencia clara sobre qué se entregó bajo el componente de emprendimiento de aproximadamente 1,000 dólares por beneficiario, bajo qué condiciones ni cuál ha sido su impacto real, según señaló el director de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM). El Ministerio Público y el TSC tienen en su poder los elementos para determinar si las irregularidades detectadas constituyen delitos penalmente perseguibles.
