TEGUCIGALPA, Honduras — El Congreso Nacional aprobó en la madrugada del miércoles el primer debate de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, un proyecto que transforma de raíz el modelo institucional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y que el gobierno de Nasry Asfura impulsa como respuesta urgente a una crisis financiera que sangra las arcas del Estado.
El déficit que genera la estatal eléctrica asciende a unos 50 millones de lempiras diarios, un impacto que actualmente absorben los ciudadanos hondureños a través de sus impuestos y la precariedad de las finanzas públicas. La aprobación definitiva se prevé para este mismo miércoles, antes de que el Congreso inicie su receso legislativo.
Lo que contiene la reforma: la ENEE se divide en tres
El corazón de la iniciativa es la ruptura de la ENEE tal como existe hoy. Los artículos 1, 2 y 3, aprobados en la sesión, ordenan la escisión de la estatal en tres sociedades mercantiles independientes dedicadas a Generación, Transmisión y Distribución de energía, junto con disposiciones sobre el destino de los bienes de la empresa.
Se trata de una separación funcional que sus impulsores presentan como un requisito para sanear las finanzas del sector y atraer inversión, pero que sus críticos señalan como el primer paso hacia una privatización encubierta.
Los artículos 4, 5, 6 y 7 regulan los mecanismos de transparencia, fiscalización y presupuesto de las empresas subsidiarias que surgirán de la reorganización. El artículo 8 está orientado a la reducción de pérdidas en el sistema eléctrico nacional, mientras que el artículo 9 establece la transición del Operador del Sistema. La propuesta crea además un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y fortalece las facultades regulatorias de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
Otro cambio de fondo es la derogación de legislación anterior: el proyecto deroga la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como Bien Público, aprobada en 2022, cuya vigencia provocó un quiebre en las relaciones entre Honduras y Estados Unidos.
Respaldo internacional, resistencia interna
La iniciativa llega al hemiciclo con un aval de peso. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF y el Banco Centroamericano de Integración Económica expresaron su apoyo conjunto a las reformas, señalando que Honduras enfrenta desafíos estructurales que requieren “reformas urgentes para garantizar un servicio confiable, eficiente y de calidad para toda la población”.
Honduras necesita inversiones superiores a los 130 millones de dólares en infraestructura eléctrica para garantizar un servicio más eficiente y atractivo para inversionistas.
Pero en el hemiciclo, el respaldo dista de ser unánime. La bancada del Partido Nacional respaldó el proyecto en bloque bajo el argumento de la urgencia financiera de la ENEE, mientras Libre ratificó su voto en bloque en contra, denunciando que la ley es un preámbulo para la privatización de los servicios públicos.
Los diputados de oposición interrumpieron la sesión con consignas de “La ENEE no se vende, la ENEE se defiende”. En una posición intermedia y determinante quedó la bancada del Partido Liberal, con opiniones divididas y un fuerte debate interno que podría definir el resultado de la votación final.
¿Privatización o modernización?
La pregunta que divide al país tiene una respuesta oficial y una académica que no coinciden. El gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, sostiene que la división no implica privatización y que las reformas son fundamentales para atraer nuevas inversiones en generación, distribución y transmisión dentro de la empresa estatal. El diputado Milton Puerto, presidente de la Comisión de Energía, también aseguró que la reforma busca fortalecer la institución mediante una reorganización administrativa y operativa.
Sin embargo, el docente de ingeniería eléctrica de la UNAH, Dennis Rivera, advirtió que la utilización del concepto de “sociedades mercantiles” dentro del proyecto constituye una señal preocupante. La propuesta también permitiría que grandes consumidores negocien directamente con generadores privados, mientras la ENEE quedaría concentrada en los usuarios residenciales, un escenario que analistas consideran riesgoso para la estabilidad financiera de la estatal.
La reforma solo requiere el respaldo de mayoría simple de los diputados presentes para ser aprobada y enviada al Ejecutivo para su sanción.
