TEGUCIGALPA, HONDURAS. — Los hondureños que mantienen deudas tributarias y municipales tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para ponerse al día aprovechando la ampliación de las amnistías aprobadas por el Congreso Nacional y publicadas en el diario oficial La Gaceta del 2 de noviembre. La disposición busca aliviar la carga económica de ciudadanos y empresas, al mismo tiempo que permite a las instituciones públicas recuperar parte de los ingresos acumulados en mora.
La ampliación fue aprobada por el Congreso Nacional el 12 de octubre, mediante una iniciativa presentada por el diputado Antonio Rivera Callejas, quien argumentó que numerosos contribuyentes esperan recibir el aguinaldo de diciembre para cancelar compromisos económicos pendientes. El legislador sostuvo que la medida anterior había dado resultados favorables y que era conveniente extender el plazo hasta finalizar el año.
Uno de los principales beneficios corresponde a las obligaciones tributarias con el Servicio de Administración de Rentas (SAR), donde los contribuyentes podrán regularizar deudas comprendidas en la amnistía sin pagar las multas, intereses y recargos contemplados en la exoneración. La medida no significa que desaparezca el impuesto original: el contribuyente deberá cumplir con el pago de la obligación principal, conforme a las condiciones legales aplicables.
La disposición también comprende las deudas municipales, lo que representa una oportunidad para propietarios de bienes inmuebles, comerciantes y otros contribuyentes que mantienen obligaciones pendientes con las alcaldías. La amnistía contempla alivios sobre multas, recargos e intereses generados por mora, facilitando la recuperación de ingresos que durante meses o años han permanecido sin cobrarse.
El paquete aprobado incluye, además, disposiciones relacionadas con aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), obligaciones vehiculares, servicios de energía eléctrica y sistemas de agua potable y saneamiento. Cada beneficio está sujeto a los requisitos y procedimientos establecidos para la institución correspondiente.
Para municipios como Olanchito, donde una parte importante de la recaudación depende del cumplimiento de los contribuyentes, la ampliación puede convertirse en una herramienta para reducir la mora tributaria. Su efectividad dependerá de cuántos ciudadanos y negocios aprovechen el beneficio, de los acuerdos de pago que se autoricen y de la capacidad de las oficinas municipales para facilitar los trámites.
El decreto también establece que las instituciones responsables deberán presentar al Congreso Nacional, dentro de los 60 días posteriores a la finalización de las amnistías, un informe sobre los resultados obtenidos. Con ello se buscará determinar cuánto dinero logró recuperarse y cuál fue el impacto de estas medidas sobre las finanzas públicas.
El plazo vencerá el 31 de diciembre de 2026. Los contribuyentes interesados deberán consultar con la institución correspondiente qué obligaciones pueden regularizar, cuáles son los requisitos y qué beneficios les resultan aplicables.
