TEGUCIGALPA, HONDURAS. — Las autoridades hondureñas podrán realizar allanamientos sin una orden judicial previa en determinadas circunstancias de urgencia, dispondrán de más tiempo para preparar requerimientos fiscales y aplicarán penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua contra dirigentes de organizaciones terroristas.
Estas medidas forman parte de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) anunció que comenzará a aplicar mediante una ofensiva coordinada contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales del país.
El anuncio se produjo la noche del martes 3 de noviembre, durante una comparecencia en Casa Presidencial en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las disposiciones están contenidas en el Decreto Legislativo 258-2026, publicado en la edición número 37,282 del diario oficial La Gaceta, correspondiente al 30 de octubre de 2026.
Una de las modificaciones más importantes es el endurecimiento de las condenas por asociación terrorista. La nueva normativa establece penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de estas estructuras, mientras que los cabecillas, directivos, promotores y financistas pueden enfrentar sanciones de hasta prisión perpetua. También contempla medidas más severas contra quienes utilizan o reclutan menores de edad para actividades criminales.
La reforma amplía de 24 a 48 horas el plazo procesal previsto para determinadas actuaciones fiscales relacionadas con personas detenidas por estos delitos. Además, permite allanamientos sin autorización judicial previa cuando existan indicios razonables y circunstancias de urgencia, durante operaciones interinstitucionales coordinadas con un fiscal del Ministerio Público.
Esta facultad no constituye una autorización general para ingresar indiscriminadamente a las viviendas y deberá ejercerse dentro de los límites legales y constitucionales.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió las reformas y lanzó una advertencia a las organizaciones criminales: «Se les acabó la fiesta a los delincuentes en Honduras». El legislador sostuvo que el Estado debe recuperar el control de los territorios afectados por la actividad de las maras y pandillas y aseguró que el Legislativo continuará respaldando a los operadores de justicia.
Más restricciones en las cárceles
Las nuevas disposiciones también introducen cambios en el sistema penitenciario. Las personas procesadas por asociación terrorista estarán sujetas a prisión preventiva obligatoria, mientras que los internos comprendidos en las disposiciones correspondientes serán recluidos en centros o módulos de alta o máxima seguridad.
El objetivo anunciado por las autoridades es impedir que las organizaciones criminales continúen coordinando delitos desde los establecimientos penitenciarios. Las reformas incluyen restricciones a determinados beneficios penitenciarios y medidas para reforzar el control sobre las comunicaciones y los objetos prohibidos dentro de las cárceles.
Durante la comparecencia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, afirmó que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de aplicar las nuevas disposiciones y contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica.
Por su parte, el fiscal general, Pablo Emilio Reyes, anunció que el Ministerio Público coordinará las investigaciones con las instituciones de seguridad para llevar ante los tribunales a los presuntos responsables de los delitos contemplados en la reforma.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que la Policía Nacional intensificará las operaciones contra las estructuras criminales. El director policial, Rigoberto Oseguera Mass, respaldó la coordinación con las Fuerzas Armadas, mientras que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, comprometió personal y recursos logísticos para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y otras actividades del crimen organizado.
La aplicación de estas medidas también plantea un desafío para las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley: garantizar que las investigaciones, detenciones y allanamientos respeten las garantías constitucionales y el debido proceso. El endurecimiento de las penas, por sí solo, no asegura una reducción de la criminalidad si no está acompañado de investigaciones sólidas, pruebas suficientes y sentencias judiciales.
El Decreto 258-2026 fue aprobado por el Congreso Nacional el 27 de octubre, con 119 votos a favor, según los reportes oficiales. Ahora corresponderá a las instituciones de seguridad y justicia demostrar los resultados de la nueva legislación mediante investigaciones, capturas y procesos judiciales que permitan desarticular las estructuras criminales que operan en Honduras.
