En el año 2022, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) adoptó una medida de precaución al asegurar siete cuentas bancarias pertenecientes a Ebal Díaz, quien fungió como exsecretario de la Presidencia durante el mandato del exmandatario Juan Orlando Hernández.
Esta acción se llevó a cabo con la finalidad de resguardar más de 7 millones de lempiras vinculados a Díaz, según explicó Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público.
El proceso judicial de privación del dominio se puso en marcha con la aceptación por parte del Juzgado de Privación de Dominio de la solicitud presentada por la Fiscalía en febrero pasado.
Este proceso implica una serie de etapas que van desde la presentación de la solicitud de privación definitiva del dominio por parte de la Fiscalía hasta la ejecución de la sentencia definitiva emitida por el órgano jurisdiccional.
Los representantes legales de Ebal Díaz han sido notificados sobre el avance de este proceso.
En este escenario, los abogados de Díaz están obligados a comparecer ante el Juzgado de Privación de Dominio y demostrar la legalidad del origen de los fondos en las cuentas bancarias mencionadas anteriormente.
En caso de no poder justificar el origen lícito de dichos fondos, el dinero será incautado y pasará a manos del Estado de Honduras.
Yuri Mora, funcionario del Ministerio Público, expresó que “corresponde al señor Ebal Díaz o a sus representantes legales justificar el origen lícito de estas cuentas y fondos que, como medida precautoria, fueron asegurados por el Ministerio Público hace dos años”.
Ebal Díaz, quien fuera una figura de confianza en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha estado residiendo en Nicaragua desde el 16 de febrero de 2022. En este país, el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense a él y a su familia.
Actualmente, el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación sobre Ebal Díaz en relación con dos líneas de investigación derivadas de denuncias que implican al menos tres casos de corrupción, presuntamente ocurridos durante su tiempo como funcionario gubernamental.
Esta investigación está en curso y busca esclarecer cualquier irregularidad que pueda haberse cometido durante su gestión.
