La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha solicitado formalmente a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) un informe detallado sobre el uso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, comúnmente conocido como Tasa de Seguridad.
El requerimiento se basa en una aparente inconsistencia en los datos de ingresos y egresos de dicho fondo entre los años 2022 y mayo de 2025.
Según detalló el director del sector de Seguridad y Justicia de ASJ, Nelson Castañeda, el análisis efectuado por la organización revela que durante ese período se recaudaron 15,457 millones de lempiras, sin embargo, solo se identificó la asignación de 8,722 millones, lo que deja una diferencia no justificada de 6,736 millones de lempiras, equivalente al 43.6% de los ingresos totales.
“Estamos solicitando una justificación técnica y legal sobre la asignación parcial de estos recursos recaudados, así como el destino específico de los fondos no distribuidos y los mecanismos de control que se han implementado para su resguardo”, expresó Castañeda.
La ASJ señala que la solicitud está amparada en los artículos 6 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que otorgan a la ciudadanía el derecho a conocer el uso de los recursos del Estado. Asimismo, se basa en los artículos 45, 80 y 232 de la Constitución de la República, que establecen el derecho de petición, la obligación de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y la transparencia en la administración.
Entre las instituciones que figuran como receptoras del fondo están la Secretaría de Seguridad, la Presidencia, la Secretaría de Defensa, el Instituto Nacional Penitenciario, entre otras. La mayor parte del presupuesto ejecutado, 4,613 millones de lempiras, fue destinado a la Secretaría de Seguridad.
La solicitud fue presentada oficialmente el pasado 3 de julio de 2025, y la ASJ espera una respuesta oportuna y documentada por parte de SEFIN.
Mientras tanto, reiteran el llamado a la ciudadanía a exigir transparencia y rendición de cuentas sobre todos los recursos que provienen de los impuestos pagados por los hondureños.
