TEGUCIGALPA, Honduras. — Una revisión de la ejecución presupuestaria y del inventario de bienes del gobierno anterior reveló una serie de presuntas irregularidades que incluyen compras de equipos tecnológicos sin registro oficial, incrementos atípicos en el consumo de combustible durante el período electoral y gastos administrativos que, según las autoridades, carecen de justificación documental.
Los hallazgos fueron presentados este miércoles por la Comisión Técnica Liquidadora, cuyo coordinador, el abogado Ángel Antonio Mendoza, explicó que el proceso de auditoría ha permitido identificar activos adquiridos con fondos públicos que nunca fueron incorporados al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), dificultando el control sobre el patrimonio del Estado.
Entre las observaciones más relevantes figura la adquisición de computadoras y otros equipos tecnológicos que no aparecen registrados en los sistemas oficiales. Durante la inspección, la comisión encontró casos de empleados que tenían asignados simultáneamente equipos de escritorio y computadoras portátiles, una situación que ahora forma parte de las investigaciones.
Las verificaciones también detectaron indicios del uso de estos equipos fuera de la jornada laboral para actividades de carácter político, además del alquiler de impresoras y el incremento de gastos en alimentación que, de acuerdo con la comisión, no guardan relación con actividades institucionales debidamente respaldadas.
Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el comportamiento del consumo de combustible. Según Mendoza, los registros muestran un incremento considerable en los días previos y posteriores al último proceso electoral, sin que exista evidencia de un aumento proporcional en la utilización de la flota vehicular estatal.
Las anomalías se concentran principalmente en dependencias relacionadas con planificación estratégica, unidades administrativas, la Red Solidaria y Proasol, áreas donde se ejecutó una parte importante de los recursos públicos revisados por la comisión.
Como parte del proceso, toda la documentación recopilada está siendo enviada al Ministerio Público y a los organismos competentes para establecer si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Paralelamente, continúa una auditoría integral destinada a verificar la legalidad de contratos, compras y procesos de pago, advirtiendo que aquellos que no cuenten con sustento legal no serán reconocidos por la administración actual.
La Comisión Técnica Liquidadora también informó que trabaja en el cierre administrativo de procesos pendientes desde 2022, en coordinación con instituciones de control y organizaciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que acompañan las investigaciones y podrían presentar acciones legales derivadas de los hallazgos.
Mendoza subrayó que el trabajo de la comisión se fundamenta exclusivamente en evidencia documental y criterios técnicos, por lo que los resultados serán trasladados a las autoridades competentes para que sean ellas quienes determinen las responsabilidades conforme a la ley, en el marco de la política gubernamental de transparencia y rendición de cuentas.
