YORO, Honduras.— No apareció de la noche a la mañana. No fue una explosión repentina de violencia. Fue algo más silencioso y por eso más peligroso: un avance metódico entre montañas, comunidades aisladas y un Estado que llegó tarde.
Hoy, el llamado Cártel del Diablo es la estructura criminal más buscada del departamento de Yoro, responsable atribuido de secuestros, masacres, asesinatos filmados y el crimen que conmocionó a Honduras entera: el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez, un hombre de fe y trabajo al que mataron después de cobrar el rescate.
Este es el relato documentado de cómo surgió esa organización, quiénes la dirigen, qué crímenes se les atribuyen y qué está haciendo el Estado hondureño para desmantelarla.
Los orígenes: una mutación, no un nacimiento
El llamado Cártel del Diablo comienza a tomar forma en los informes de inteligencia desde 2024 como una estructura que no irrumpe, sino que se reconstruye sobre lo que ya existía, ocupando espacios donde el control criminal nunca desapareció del todo, solo cambió de manos. No se trata de una banda emergente en el sentido tradicional, sino de una mutación: una red que recoge prácticas, rutas y lógicas de estructuras anteriores para volver a posicionarse en el territorio, ahora bajo un nombre distinto pero con la misma ambición de control.
La primera señal documentada de su existencia data del 16 de octubre de 2025, cuando se publicó el primer perfil de la estructura con características distintas a las redes tradicionales: grupos reducidos, fuertemente armados, con presencia localizada y una clara estrategia de resguardo en zonas montañosas.
En ese momento todavía no ocupaba titulares. Era apenas un patrón que los analistas de seguridad empezaban a reconocer.
Su presencia se identifica en zonas como Sulaco, Victoria y Yorito, donde la geografía no es un detalle menor sino parte del engranaje.
Son territorios que facilitan el movimiento de droga, el almacenamiento y la vigilancia, pero también permiten operar con menor presión estatal — una combinación que vuelve viable cualquier proceso de reorganización criminal.
Los líderes: un rostro visible y un cerebro en las sombras
La estructura del Cártel del Diablo tiene dos figuras centrales, con roles distintos pero complementarios.
El rostro visible es Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, un hondureño cuyo historial criminal se remonta a 2012. El 14 de marzo de 2012, fue denunciado en San Pedro Sula por hurto de arma de fuego en perjuicio de una empresa de seguridad — el primer registro de una relación persistente con el manejo de armas que se extendería por más de una década.
Lo que vino después lo define mejor que cualquier expediente. En junio de 2018, Ferrera protagonizó una fuga del penal de Yoro junto a otros seis privados de libertad, abriendo un agujero en una de las paredes del presidio durante días, esperando el momento preciso en que la vigilancia se diluyó. La ruta de escape terminó en el terreno contiguo al jardín de niños José Trinidad Reyes.
La fuga no lo liberó — lo transformó. Tras ser recapturado, fue clasificado como privado de libertad de alta peligrosidad y trasladado a Ilama, la cárcel de máxima seguridad, donde lo ubicaron en el recinto de la Pandilla 18. En ese entorno, lejos de aislarse, comenzó a observar dinámicas, a entender jerarquías criminales y a tejer relaciones que más tarde marcarían su forma de operar. El paso por máxima seguridad no lo desarticuló, lo reconfiguró.
Salió de prisión y regresó a Yoro en 2024 con experiencia acumulada, contactos construidos y una forma distinta de entender el crimen, con apoyo de integrantes vinculados a la Pandilla 18.
Pero “El Diablo” no es el verdadero cerebro de la operación. El verdadero cabecilla sería Yonatan Estrada, quien formó parte de estructuras criminales ligadas al narcotráfico en México durante varios años. Agentes de inteligencia señalan que fue parte de estructuras cercanas al Cártel de Sinaloa. Estrada creció sin sus padres, fue criado por su abuela, y siendo menor se fue a México donde se unió a grupos delincuentes. Al regresar a Honduras, comenzó a trabajar con el grupo de los hermanos Urbina Soto, formando parte del brazo armado que operaba en Yoro.
El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales, lo confirmó sin ambigüedades: “Está manejado por un cerebro de México… son conductas transnacionales”. La implicación es grave: el Cártel del Diablo no es solo un problema de seguridad local — es una extensión de redes del crimen organizado internacional operando en las montañas de Yoro.
Los crímenes: una cronología documentada de terror
Octubre de 2025 — La primera firma
El 13 de octubre de 2025, en la comunidad de Limones, un hombre y una mujer fueron encontrados asesinados. Sobre los cuerpos, los atacantes dejaron una manta con el mensaje “por sapos”, junto con la firma del Cártel del Diablo — una advertencia directa contra supuestos informantes y la primera aparición pública documentada del nombre de la organización.
Marzo de 2026 — La masacre de El Espino
El 13 de marzo de 2026, cinco hombres fueron ejecutados en la aldea El Espino, municipio de Sulaco. Según las autoridades, las víctimas serían presuntos integrantes de la propia banda, eliminados en una disputa territorial interna o con grupos rivales por el control de rutas de distribución de drogas. El hecho provocó la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad en Sulaco y municipios aledaños.
El grupo también ha sido señalado por el asesinato de la ciudadana Flor Marisela Matute, cuyo caso generó conmoción tras la difusión de un video en redes sociales en el que se le daba muerte como parte de amenazas del cártel. La filmación y difusión pública del crimen apunta a una estrategia deliberada de terror: matar no es suficiente, hay que mostrarlo.
Abril de 2026 — El crimen que rompió el silencio nacional
El lunes 20 de abril, un grupo de hombres interceptó y secuestró al pastor evangélico y cafetalero Óscar Núñez, de 57 años, mientras se conducía hacia una de sus propiedades en el sector de Mina Honda, Yorito. Los captores exigieron cinco millones de lempiras. La familia reunió y entregó 400,000 lempiras como primer pago.
Los criminales, al verse acorralados por acciones policiales, lo asesinaron a balazos esa misma noche, posiblemente porque la víctima reconoció a sus captores. Su cuerpo fue hallado tres días después en Comayagua.
El caso del pastor Núñez cambió la ecuación política. Por primera vez, el Cártel del Diablo había matado a un ciudadano reconocido, con familia, con comunidad, con nombre — no a un rival criminal anónimo. Honduras lo supo y lo sintió.
La respuesta del Estado: operativos, cercos y una pregunta incómoda
La Secretaría de Seguridad respondió con la mayor intervención territorial registrada en Yoro en los últimos años. Equipos multidisciplinarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), unidades de la Dirección de Fuerzas Especiales y de la Dirección de Policía de Fronteras se sumaron a la Unidad Antisecuestros para conformar operativos conjuntos en toda la región.
Los municipios de Sulaco, Yorito, Victoria, el norte de Francisco Morazán y el este de Comayagua permanecen intervenidos. La Policía identificó y tiene plenamente fichados a al menos cinco sospechosos vinculados al caso del pastor Núñez. Dos ya están detenidos. Al momento de la masacre de El Espino, el cabecilla tenía preparado un helicóptero para escapar, pero no lo logró y actualmente se encuentra oculto en las montañas.
Las autoridades ofrecen 300,000 lempiras de recompensa a quien brinde información para capturar a Ferrera Rodas, alias “El Diablo”.
Pero los operativos tienen su propia sombra. El caso de alias “Calolo” — capturado el 11 de abril con un fusil y marihuana, liberado por un juzgado en audiencia inicial, recapturado el 29 de abril con una mini Uzi — es la ilustración más concreta de un problema estructural que los propios policías reconocen sin poder explicar: el Estado captura y el sistema judicial libera.
El patrón que no cambia
Lo que deja al descubierto el Cártel del Diablo no es únicamente la aparición de una nueva estructura. Revela un patrón que se repite: el crimen organizado en Honduras no desaparece, se transforma. Se adapta, se reorganiza, recicla liderazgos y vuelve a ocupar espacios donde el control siempre ha estado en disputa. Cambia de nombre, ajusta su forma, pero mantiene intacta su lógica. Y en Yoro, esa mutación ya no es una advertencia, es una realidad en movimiento.
Analistas sostienen que la aparente lealtad de la población hacia estos grupos no es voluntaria, sino producto del miedo, la precariedad y la falta de oportunidades que obligan a muchas familias a vivir bajo las reglas del narcotráfico. La captura de un implicado es apenas un primer paso, pero sin una estrategia integral, la violencia ligada al crimen organizado seguirá expandiéndose.
El departamento de Yoro registró 133 muertes violentas solo en el mes de marzo de 2026. Ese número no es el resultado de la casualidad ni de la pobreza a secas. Es el resultado de años de presencia criminal no contenida, de un Estado que llegó a intervenir después de las masacres — no antes.
El Cártel del Diablo sigue activo. Sus cabecillas siguen libres. Y las comunidades de Sulaco, Yorito y Victoria siguen viviendo con miedo.
