TEGUCIGALPA, Honduras.— Honduras dio este lunes uno de los pasos más agresivos de las últimas décadas en su estrategia contra el crimen organizado. En una votación unánime, el Congreso Nacional aprobó un amplio paquete de reformas al Código Penal que redefine a las maras y pandillas como organizaciones terroristas, endurece las penas por extorsión y fortalece la participación militar en tareas de seguridad pública.
La sesión legislativa, impulsada por la junta directiva del Congreso y la Comisión de Seguridad encabezada por el diputado Marcos Paz, marca un giro en la política criminal del país en momentos en que la extorsión continúa golpeando barrios, comercios y rutas del transporte público en distintas ciudades hondureñas.
La reforma más severa recae sobre el delito de extorsión. El nuevo texto del artículo 373 establece penas de entre 15 y 20 años de prisión para quienes, mediante amenazas, intimidación o violencia, obliguen a personas o empresas a entregar dinero o bienes. Pero el cambio más drástico aparece en un apartado adicional: si una víctima muere como consecuencia de la extorsión, los responsables podrían enfrentar prisión perpetua.
El Congreso también eliminó la posibilidad de aplicar procedimientos abreviados en este tipo de delitos y amplió la responsabilidad penal a quienes colaboren indirectamente con las estructuras criminales, incluyendo personas que recolecten dinero, presten cuentas bancarias o faciliten transacciones electrónicas vinculadas al cobro ilegal.
La nueva legislación además coloca oficialmente a maras, pandillas y redes criminales transnacionales bajo la figura de asociación terrorista. El artículo 587 reformado incorpora a estructuras vinculadas al narcotráfico y al control territorial mediante violencia sistemática o intimidación colectiva.
Bajo este nuevo marco jurídico, líderes, financistas y promotores de estas organizaciones podrían recibir penas de entre 15 y 20 años de cárcel, mientras que los integrantes enfrentarían condenas de hasta 15 años.
El paquete legislativo también refuerza el protagonismo de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna. Los diputados aprobaron la continuidad del apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a la Secretaría de Seguridad, consolidando la presencia militar en barrios y colonias considerados de alta incidencia criminal.
Como parte de la estrategia, el Congreso autorizó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una nueva estructura enfocada en inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional para enfrentar organizaciones criminales de alto impacto.
Las reformas alcanzan además otros ámbitos sensibles del sistema de seguridad. El uso ilegal de uniformes militares o policiales sin autorización será castigado con penas de hasta diez años de prisión si estos son utilizados para facilitar delitos o generar intimidación.
Asimismo, las modificaciones incluyen nuevas disposiciones relacionadas con telecomunicaciones, difusión de contenido íntimo y manejo de información privada, imponiendo mayores obligaciones de registro e identificación a compañías telefónicas y proveedores de internet.
Desde el oficialismo y sectores que respaldaron las reformas, la aprobación fue presentada como una respuesta directa al crecimiento de estructuras criminales que durante años han utilizado la extorsión, el control territorial y la intimidación como mecanismos de poder.
Sin embargo, el endurecimiento de las medidas también reabre el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles, especialmente por la ampliación del papel militar en tareas policiales y el alcance de algunas figuras penales aprobadas por unanimidad en el Legislativo hondureño.
