OLANCHITO, YORO.— La protección de La Danta comenzó a construirse mucho antes de que su expediente llegara a las oficinas del Instituto de Conservación Forestal (ICF). En reuniones con comunidades de Olanchito y Jutiapa, habitantes, representantes locales e instituciones han participado en un proceso para conservar más de 24 mil hectáreas de bosque de las que dependen fuentes de agua, especies silvestres y actividades productivas. Esa voluntad de proteger un territorio de beneficio común sigue vigente, pero su reconocimiento legal definitivo permanece pendiente de dos procedimientos que todavía no han concluido.
He seguido con interés las gestiones para convertir La Danta en un refugio de vida silvestre. Durante años se ha hablado de su riqueza natural y de la necesidad de asegurar su conservación. Pero detrás de los estudios técnicos y los trámites administrativos existe una historia que merece mayor atención: la de las comunidades que necesitan el bosque y las instituciones que han trabajado para establecer una figura de protección permanente.
La propuesta comprende 24,277.88 hectáreas distribuidas entre los municipios de Olanchito, en Yoro, y Jutiapa, en Atlántida. Aproximadamente el 69 % del territorio se encuentra en Olanchito y el 31 % restante en Jutiapa.
Para conocer por qué todavía no se ha conseguido su declaratoria definitiva, consulté a Nereyda Estrada, representante de la fundación internacional Panthera, organización que ha acompañado técnicamente y con recursos financieros las gestiones impulsadas por el ICF, las autoridades municipales y los actores comunitarios.
Su explicación permitió identificar los obstáculos que mantienen pendiente el expediente, pero también comprender que La Danta es, ante todo, una iniciativa de interés público.
Uno de los aspectos más importantes del proceso ha sido la participación de comunidades vinculadas con el territorio.
Durante las gestiones para establecer el refugio se han desarrollado múltiples reuniones de consulta y acercamiento en Olanchito y Jutiapa.
Estos espacios han permitido abordar la importancia de conservar las fuentes de agua y los bosques, así como las inquietudes relacionadas con el uso y la tenencia de la tierra.
Según la información proporcionada por Estrada, el interés expresado durante estos encuentros ha sido parte del impulso social que sostiene la propuesta.
La intención es que La Danta cuente con un régimen de protección capaz de conservar sus recursos naturales y, al mismo tiempo, reconocer los derechos de las poblaciones vinculadas con el territorio.
El ICF ha desempeñado un papel institucional en este proceso, con el acompañamiento de los gobiernos locales. En Olanchito, la Municipalidad y el alcalde Juan Carlos Molina han participado en las gestiones orientadas a conseguir la declaratoria.
La propuesta también ha involucrado a juntas administradoras de agua y grupos beneficiarios de las microcuencas, que tienen una relación directa con los recursos naturales de la zona.
Dos procedimientos mantienen pendiente la declaratoria
La pregunta que llevé a Estrada fue directa: ¿qué falta para que La Danta obtenga finalmente su protección legal permanente?
Su respuesta identificó dos asuntos que deben resolverse.
El primero se encuentra en la Secretaría General del ICF, donde está pendiente responder a usuarios de tierras ubicadas en Jutiapa. Según explicó, esas personas necesitan recibir aclaraciones sobre sus derechos de propiedad y sobre el alcance de la declaratoria.
Estrada sostuvo que se busca explicarles que el establecimiento del refugio no significaría la expropiación de sus terrenos.
El segundo procedimiento corresponde a la Consulta Libre, Previa e Informada con la Tribu de Agalteca, cuyos acercamientos comenzaron aproximadamente hace dos años.
Durante ese período, representantes del ICF y de la Tribu han sostenido diferentes reuniones, algunas de ellas con apoyo financiero de Panthera.
Aunque se han registrado avances, la consulta todavía no ha concluido formalmente.
«Sí, es complejo, pero se requiere cerrar el proceso de consulta con ellos para que el expediente legal pase al Congreso», explicó Estrada.
La representante de Panthera considera necesario que el ICF y las autoridades tradicionales continúen las conversaciones conforme a la normativa nacional, respetando los procedimientos y derechos de los vecinos.
También señaló que se espera una reunión entre el alcalde Juan Carlos Molina y el Consejo de la Tribu de Agalteca, en la que el edil podría participar como garante o testigo para contribuir a la continuidad del diálogo.
De acuerdo con Estrada, será necesaria la intervención de la asesoría jurídica del ICF para avanzar en las sesiones pendientes.
Más de 100 mil personas y 17 microcuencas vinculadas a La Danta
La importancia de este territorio se comprende mejor cuando se observa su relación con la vida cotidiana de las comunidades.
Según las estimaciones más de 100 mil personas reciben beneficios del agua y de otros servicios ambientales que proporcionan los bosques de La Danta.
Dentro del área propuesta se encuentran alrededor de 17 microcuencas, relacionadas con el abastecimiento de agua y la conservación de recursos naturales indispensables para las poblaciones de su zona de influencia.
Su protección también tiene implicaciones para las actividades agrícolas y ganaderas que dependen de la disponibilidad de agua.
Por esa razón, la declaratoria no representa únicamente una medida de conservación de la naturaleza. Su alcance comprende la seguridad hídrica de numerosas comunidades y la posibilidad de mantener las condiciones ambientales de las que dependen sus actividades económicas.
El reconocimiento legal permanente también podría facilitar la búsqueda de financiamiento nacional e internacional para proyectos agroforestales, producción ambientalmente responsable y certificación de productos que cumplan estándares de sostenibilidad.
Un corredor biológico donde habitan jaguares, dantas y otros animales silvestres
La Danta también forma parte de un territorio de importancia para la fauna silvestre del norte de Honduras.
Sus bosques funcionan como corredor biológico para cinco especies de felinos, entre ellas el jaguar, y proporcionan hábitat a las dantas y otras especies que integran la cadena alimenticia de estos ecosistemas.
La conectividad de los bosques permite que los animales puedan desplazarse en busca de alimento, refugio y espacios de reproducción.
La propuesta de refugio busca contribuir a la conservación de estos espacios naturales, junto con las fuentes de agua y otros recursos de los que dependen las comunidades.
De las reuniones a las acciones concretas de conservación
Mientras se completa el proceso legal, las actividades de protección y formación ambiental han continuado.
Panthera ha colaborado con el ICF y otros actores locales mediante apoyo técnico y financiero para distintas iniciativas relacionadas con la conservación del área.
Entre esas acciones se encuentran el respaldo a campañas de prevención y control de incendios forestales, la formación de personal y comunitarios y el fortalecimiento de las capacidades disponibles para la vigilancia y protección de los recursos naturales.
La organización ha contribuido con la entrega de equipos como drones, dispositivos GPS, azadones, machetes y otras herramientas utilizadas en actividades de campo.
También ha apoyado la instalación de rótulos permanentes en microcuencas, con el propósito de identificar espacios de importancia ambiental y promover su protección.
En el componente educativo y de aprovechamiento responsable de los recursos naturales, Panthera ha respaldado procesos de capacitación, entre ellos un curso de aviturismo orientado a fortalecer conocimientos relacionados con la observación de aves y las oportunidades que esta actividad puede ofrecer a las comunidades.
Estrada aclaró que Panthera no busca asumir la administración de La Danta ni obtener un convenio de comanejo.
«No es nuestro interés convenios de comanejo, solo apoyamos iniciativas de los gobiernos locales y central», afirmó.
La representante destacó que el ICF constituye uno de sus principales aliados institucionales y que el acompañamiento de Panthera responde a su política de cooperación con las autoridades nacionales, respetando las competencias del Estado.
Actualmente, La Danta cuenta con un acuerdo ministerial que reconoce la propuesta de protección. La meta es alcanzar una declaratoria mediante decreto del Congreso Nacional que establezca su protección legal permanente.
Para llegar a esa etapa deben completarse los procedimientos pendientes relacionados con los usuarios de tierras de Jutiapa y la consulta con la Tribu de Agalteca.
Estrada considera que los diputados pueden contribuir a facilitar las gestiones institucionales para que el expediente avance una vez cumplidos los requisitos.
«En esta etapa, sería de mucho apoyo que los honorables diputados empujaran la carreta», expresó.
Pero la decisión no depende únicamente de la voluntad de los legisladores. Antes, el ICF debe completar los trámites bajo su responsabilidad y garantizar que el proceso de consulta se desarrolle conforme a las disposiciones legales aplicables.
