Hay una escena que lo explica todo mejor que cualquier tratado jurídico.
Un hombre está en la barbería. Escucha en la tv el alboroto sobre los autobuses de Bukele, los hondureños con doble nacionalidad y la ministra salvadoreña que llegó uniformada de militar a entregar útiles escolares en los exbolsones, hasta que un soldado hondureño le cerró el paso. El hombre en la silla dice, con la naturalidad de quien no ha pensado demasiado en el asunto: “Dejen entrar esas ayudas, no sean papos.”
Es una reacción comprensible. También es exactamente el tipo de reacción que una operación de diplomacia mediática bien diseñada busca provocar.
Porque la pregunta correcta no es si los útiles escolares son bienvenidos. La pregunta correcta es esta: ¿permitiría usted que un particular entre a su casa, sin avisar, a repartirle regalos a su esposa e hijos, y simplemente sonreiría y le diría que vuelva cuando quiera? La comparación puede parecer doméstica. No lo es. Es exactamente la escala a la que opera la soberanía nacional.
Los llamados exbolsones no son una línea arbitraria en un mapa. Son el resultado de décadas de disputas territoriales, tensiones militares y un proceso diplomático de extraordinaria complejidad que culminó el 11 de septiembre de 1992 con el fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia. Seis sectores Nahuaterique, Tepangüisir, Las Pilas, Cayaguanca, Saco y Goascorán que suman 446.5 kilómetros cuadrados y que, de la noche a la mañana, pasaron a ser soberanía hondureña con todo lo que ello implica para miles de familias salvadoreñas que amanecieron viviendo en otro país.
El desafío central de aquellas negociaciones no era únicamente trazar una línea. Era proteger el tejido humano. Garantizar derechos de propiedad, seguridad jurídica, nacionalidad. De ese esfuerzo bilateral nació, entre otros instrumentos, el Convenio sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos de 1998, un tratado construido sobre una premisa que ambos países firmaron y que hoy parece conveniente olvidar: la soberanía de esos territorios recae de forma absoluta en el Estado hondureño, y cualquier asistencia desde El Salvador debe ser estrictamente civil, coordinada y respetuosa de esa autoridad.
Una ministra con traje de militar no cumple ninguno de esos tres requisitos.
Aquí es donde la ingenuidad o la calculada imprudencia del gesto alcanza su mayor gravedad. En zonas históricamente sensibles, con antecedentes de conflictividad militar entre ambos países, un uniforme de fatiga no comunica educación ni cooperación. Comunica jerarquía. Comunica fuerza militar. En el mejor de los casos, comunica una ligereza política alarmante en quien debería conocer el peso simbólico de cada decisión que se toma en una frontera de esta historia.
La reacción del militar hondureño que detuvo el acceso no fue un exceso de celo burocrático. Fue la respuesta natural y legítima de un Estado que defiende su jurisdicción ante una puesta en escena que vulnera décadas de confianza recíproca construida con enorme esfuerzo. Aplaudirla no es nacionalismo estrecho. Es sentido común diplomático.
El presidente Nayib Bukele ha demostrado ser un comunicador político de primer orden. Sabe que las imágenes valen más que los comunicados, que los gestos movilizan más que los argumentos y que la generosidad filmada produce dividendos políticos que ninguna cumbre bilateral puede igualar.
Los autobuses enviados a Honduras para llevar hacia El Salvador compatriotas con doble nacionalidad y conectarlos con beneficios sociales salvadoreños son, en esa lógica, un movimiento brillante de marca personal proyectada hacia el exterior.
Pero la diplomacia no es una campaña de contenido. Y la frontera con Honduras no es un set de grabación. Cuando la estética de la fuerza reemplaza a la diplomacia de los acuerdos, el resultado no es cooperación: es fricción. Y la fricción en territorios con la historia de los exbolsones tiene un costo que los hondureños que hoy celebran los regalos no están midiendo con suficiente seriedad.
A más de tres décadas del fallo de La Haya, la población de los exbolsones merece normalidad, no episodios mediáticos. Merece la atención de su gobierno central en Tegucigalpa y el apoyo técnico complementario de El Salvador, canalizado siempre por las vías institucionales que ambos países construyeron con tanto esfuerzo y que ningún gobiernonde turno o Presidente, debería tener el lujo de ignorar.
Honduras hizo lo correcto al cerrar esa puerta. No por hostilidad hacia sus vecinos. Sino porque en diplomacia, como en la vida, hay gestos que por más bien intencionados que parezcan en la superficie, no pueden entrar sin tocar antes.
