TEGUCIGALPA, HONDURAS. — Permanecer encerrados 23 horas y media al día, recibir apenas una hora de sol a la semana y enfrentar severas restricciones para comunicarse con el exterior. Esas son algunas de las condiciones que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció para los reclusos de alta peligrosidad que sean enviados a la nueva cárcel de máxima seguridad que Honduras busca construir, bajo un régimen que el funcionario describió como todavía más estricto que el aplicado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.
«No hay retroceso en la lucha contra el crimen», advirtió Zambrano este viernes 23 de octubre, durante una conferencia de prensa realizada después de inspeccionar las instalaciones de una cárcel inconclusa en La Acequia, municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
El presidente del Legislativo aseguró que el propósito de las medidas es impedir que integrantes de estructuras criminales continúen ordenando asesinatos, extorsiones y otros delitos desde los establecimientos penitenciarios hondureños.
Según explicó, el nuevo régimen contempla restricciones al ingreso de dinero, alimentos y artículos procedentes del exterior. Las comunicaciones familiares también estarán sujetas a controles y las visitas serán limitadas.
Zambrano anunció un modelo en el que los internos permanecerían prácticamente todo el día dentro de sus celdas, con media hora destinada a ejercicios y un máximo de una hora semanal de exposición al sol.
Los reclusos también utilizarían uniformes establecidos por las autoridades penitenciarias y tendrían restricciones adicionales de movilidad.
La propuesta está dirigida principalmente a integrantes de maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado considerados de alta peligrosidad.
«Hoy sí habrá un control de los centros penales», afirmó Zambrano, quien insistió en que las organizaciones criminales no deben seguir utilizando las cárceles como centros desde donde dirigen sus operaciones.
Una cárcel con condiciones más estrictas que las del Cecot
Durante la inspección en La Acequia, Zambrano conoció parte de la infraestructura construida años atrás para un proyecto penitenciario que nunca llegó a entrar en funcionamiento.
El terreno pertenece a la Secretaría de Seguridad y cuenta con edificaciones que podrían aprovecharse para levantar el nuevo centro de máxima seguridad.
El titular del Congreso señaló que algunas instalaciones destinadas a un régimen de máxima seguridad contemplan espacios de menos de 2.5 por 3 metros, donde podrían permanecer hasta cuatro privados de libertad.
También advirtió que determinados módulos estarían diseñados para impedir el contacto de los internos con el exterior, bajo condiciones de aislamiento particularmente estrictas.
Las autoridades han planteado habilitar aproximadamente 1,300 espacios para reclusos de alta peligrosidad, aunque todavía no se ha determinado qué capacidad correspondería a la nueva prisión y cuántos cupos se acondicionarían en instalaciones existentes.
La política penitenciaria también alcanzaría a funcionarios públicos que colaboren con organizaciones criminales.
Zambrano sostuvo que policías, militares, fiscales, jueces y políticos que participen en actividades delictivas junto a estas estructuras podrían terminar recluidos bajo el mismo régimen, siempre que las autoridades judiciales determinen su responsabilidad.
El anuncio se produce después de la entrada en vigor de reformas penitenciarias que endurecen las condiciones de reclusión de personas vinculadas con grupos declarados terroristas.
La normativa contempla visitas de abogados una vez por semana y contactos familiares sujetos a autorización, por lo que las declaraciones sobre un cierre absoluto de comunicaciones deberán ajustarse a las disposiciones legales y al derecho constitucional de defensa.
Las condiciones de aislamiento también deberán examinarse frente a las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas, que establecen límites al aislamiento prolongado y exigen garantizar un trato humano a las personas privadas de libertad.
Santa Bárbara, Yoro y Colón bajo evaluación
Aunque La Acequia es una de las opciones más avanzadas por contar con infraestructura existente, las autoridades todavía no han decidido dónde construirán la cárcel.
Entre las alternativas que se estudian figuran terrenos en los departamentos de Yoro y Colón.
La ubicación definitiva dependerá de las evaluaciones técnicas, las condiciones de seguridad, la disponibilidad de recursos y las decisiones de las instituciones responsables del sistema penitenciario.
En Quimistán, la posible reactivación del proyecto de La Acequia ha provocado oposición de las autoridades municipales.
El alcalde Rubén Darío Pacheco ha expresado preocupación por las consecuencias que una prisión de máxima seguridad podría tener sobre las inversiones y el desarrollo industrial del valle de Naco, una zona con importante actividad empresarial y miles de puestos de trabajo.
Zambrano reconoció que la instalación de una cárcel puede generar rechazo entre las comunidades, pero defendió la necesidad de construir nuevas instalaciones para enfrentar a las organizaciones criminales.
También aseguró que el proyecto podría generar empleos durante su construcción y que en sus alrededores se establecerían unidades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad.
Las autoridades estiman que, una vez definido el lugar y asegurado el financiamiento, la construcción de los primeros módulos podría desarrollarse en un período aproximado de diez meses a un año.
Por ahora, el proyecto continúa en evaluación. No existe una decisión definitiva sobre su ubicación, presupuesto total o fecha de inicio de obras.
